La fábrica de la «era» del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ya no es sólo de presidentes. La cantidad de hechos delincuenciales aumentan todos los días, y cada hora hay un atraco en nuestras calles, barrios y ciudades, donde 700 mil jóvenes ni trabajan ni estudian, viviendo en la miseria y no conocen el país de la clase media donde, según el presidente Medina, la pobreza ha bajado de 42% a 21% durante su período.

Definir una estrategia pública de seguridad ciudadana con resultados reales sigue condicionado a una decisión política, que vaya más allá de la eficiente represión y asuma respuesta de prevenir los delitos comunes que se dan en nuestra sociedad. La llamada “peicepción” de la que una vez hablara Monchy Fadul, ya escapa a las instituciones del orden público y sus actores no pueden corregir males de fondo que los poderes y la capacidad del Estado no afrontan. Si hablamos de seguridad ciudadana es impensable que no tenga un contenido social y comunitario donde los sectores se vean involucrados de manera directa para comprender su situación y aportar al mejoramiento del mismo.

En un análisis para nada científico, la relación de nuestros policías en los barrios, en su mayoría no tienen contactos con los clubes deportivos, junta de vecinos, la escuela, las iglesias, grupos culturales y juveniles. En las comunidades se le ve como represivos y no como la autoridad que vela por la seguridad.

La imprudencia de víctimas no será un concepto emitido por el mayor general Ney Aldrin Bautista, que omite la defensa y seguridad sigue siendo un desafío y la población no tiene acceso a éstos, donde la propia Policía Nacional es también perjudicada de la misma delincuencia que combate; los instrumentos y estrategias policiales en su desarrollo no son efectivos, hay componentes como lo social, económico y político que imposibilita esa efectividad.

La modernidad del Estado debe iniciar por la democracia y que esta garantice la aplicación de la ley.

En todo caso es más atinada la prevención que la represión y si el Estado tomara en cuenta recursos como la vinculación social, opinión pública, infraestructura, personal técnico, alianzas sectoriales, de seguro que el impacto positivo que esto provocaría tendría la sociedad dominicana más segura y más cerca de las autoridades policiales.