En la República Dominicana se está viviendo una etapa de sólida paz inflacionaria.
Una de las causas de esa inflación es que el Estado tiene una nómina millonaria para pagos de sueldos deprimidos e inamovibles para una inmensa mayoría de empleados públicos, que incluye guardias y policías.
A la cabeza de esa nómina están los ministros de las respectivas dependencias con declaraciones juradas multimillonarias.
Un simple examen visual de los sueldos comunes de esa nómina pública contrasta de manera escandalosa con el botín que representa la suma de las fortunas que hoy se conocen de manera transparente con dos palabras: declaración jurada.
¿Y quién puede asegurar que eso es todo? ¿Quién garantiza que no hay más sin declarar? O que lo declarado se hace con intenciones premeditadas.
La declaración jurada podría estar sujeta a una verificación y validación por parte de los organismos competentes. Eso es una probabilidad.
En la inmensa mayoría de los casos, igual que algunos expedientes que van a la Justicia, solo son recibidos y archivados.
Tiene una gran utilidad conocer la cuantía de las fortunas de los ministros, si miramos esta situación desde otra perspectiva.
Pensemos en lo que pueden hacer con parte de ese río de dinero declarado.
Podrían, por ejemplo, formar parte de un comité de padrinos y madrinas para apoyar actividades y acciones de bien social.
Muchos pueden apadrinar salas de hospitales, la construcción de un comedor económico en un barrio vulnerable, aportar parte de su fortuna que para financiar becas para estudios de grado, o dar apoyo a delegaciones de deportistas en competencias internacionales.
