En el país hay una realidad incuestionable vivida por gran parte de la población que lo constituye el auge de la delincuencia y la criminalidad.

Se han sucedido acontecimientos que no eran propios de la sociedad pacífica que era este país décadas atrás. Sin embargo, el desarrollo social y económico desigual conduce también a los desequilibrios y los desenfrenos.

Siempre he cuestionado las cifras frías de nuestras autoridades gubernamentales sobre el crecimiento macroeconómico que se calcula en las cómodas oficinas y bajo el manto de degustaciones muy bien disfrutadas. La realidad en los barrios y en el interior del país es muy diferente a lo que las autoridades pintan y divulgan, regularmente amparadas por diagnósticos de organismos internacionales.

Hay una deuda social muy acumulada desde hace años en beneficio de gran parte de la sociedad dominicana. El mismo esquema económico margina a ciudadanos sin la más mínima capacidad para incorporarse a los esquemas laborales y de competencia del mercado.

Sin ninguna justificación válida, quienes se sienten excluidos optan por mecanismos de supervivencia al margen de la civilidad y de los controles legales.

Sin embargo, creo que hay un desenfoque en las autoridades en el combate de la delincuencia. Principalmente en la aplicación del patrullaje de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Me pregunto insistentemente, ¿por qué el aparataje militar y policial en los barrios marginados?

Lo que ocurre es que la delincuencia se entrelaza con la pobreza, ya que quienes subsisten en la marginalidad están obligados o compelidos a explorar fuentes de ingresos, lo que ocurre con muchos jóvenes que caen en los delitos por la falta de oportunidades.

Pero nada justifica que la gente viole los mandatos de la ley, pero existe la realidad de la exclusión y de que no todo el mundo quiera el mismo acceso a las mieles de la fortuna ni tampoco a la expansión del crecimiento macroeconómico que divulgan las autoridades con mucha holgura y predilección.

No todas las personas de barrios marginados son delincuentes ni tienen la culpa de que el Estado los margine y los maltrate con desafortunadas políticas de Gobierno.