Fulgencio Severino, presidente del MPT.
SANTO DOMINGO.- El presidente del Movimiento Patria Para Todos(MPT), Fulgencio Severino, responsabilizó al gobierno de la suspensión de servicios de parte de profesionales de la salud y clínicas a los afiliados al Seguro Familiar de Salud.
” El conflicto entre ARS y prestadores privados se mantiene desde hace varios años y las autoridades del gobierno y de la Seguridad Social mantienen el apoyo a las intermediarias privadas en detrimento de asegurados y prestadores”, dice.
Explica que desde el 2007, cuando se inició el Seguro Familiar de Salud, estas intermediarias reciben jugosas ganancias por la gestión del seguro, al aumentársele el per cápita y ellas no reajustar las tarifas y negarles permanentemente la cobertura de muchas prestaciones a los afiliados.
Severino precisa que en el 2007 el per cápita aprobado fue de 483 pesos y hoy es de 1013 pesos y, sin embargo, estas intermediarias mantienen las mismas tarifas, y esto se ha producido con la complicidad del Consejo Nacional de Seguridad Social dirigido por dos ministerios del gobierno y la Superintendencia de Salud.
“La negación de prestaciones a la población es permanente, se utilizan argumentos hasta de nombres diferentes en las indicaciones médicas y el del catálogo de prestaciones”, añade.
La huelga, junto a los hospitales públicos cerrados muchos desde el 2014, la negación de medicamentos a la mayoría de la población y la falta de aseguramiento a más de 4 millones de personas, es la causante de los altos niveles de mortalidad de nuestra población y el no aumento de la expectativa de vida en proporción al crecimiento económico que resalta el gobierno, sostiene.
“Esta huelga empeorará los indicadores de salud del país. Las muertes por enfermedades seguirán aumentando y la expectativa de vida de la población dominicana sin aumentar”, cita Severino.
Agregó que el gobierno es constitucionalmente el responsable de garantizar la atención en salud a la población y que el abandono de hospitales y su actitud de cómplice con las ARS, constituyen violaciones de los derechos de los dominicanos a acceder a servicios de salud de calidad.
