Santo Domingo.- La noticia cayó como una piedra en el agua quieta de la tarde de la capital. Primero fue un mensaje breve, publicado en redes sociales.
Luego, la confirmación oficial. Y al final del día, cuando ya el sol se había ocultado, el giro inesperado: un arresto.
La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anunció ayer el cierre temporal, hasta nuevo aviso, de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo.
La decisión, según explicó la embajadora Leah Francis Campos, responde a la necesidad de permitir una investigación interna, en el marco de una política de “cero tolerancia” frente a cualquier indicio de corrupción.
El anuncio de la embajadora Campos
El anuncio fue hecho en horas de la tarde a través de la cuenta oficial de la sede diplomática. El mensaje no dejó espacio a ambigüedades.
“La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso”, publicó la legación.
Las palabras, contundentes, activaron de inmediato especulaciones. La DEA ha sido durante años una pieza clave en la cooperación bilateral en materia de narcotráfico, interdicción y lucha contra el crimen organizado. El cierre aunque temporal de su oficina en el país no es un hecho menor.
La cancillería dominicana
Minutos después, comenzó la reacción oficial dominicana. El canciller Roberto Álvarez informó que sostuvo una conversación directa con la embajadora Campos, quien le explicó que la medida obedece exclusivamente a una investigación interna de la Embajada.
“Acabo de hablar con la embajadora de EE. UU., Leah Campos, quien me informó que el motivo del cierre de la oficina de la DEA en RD está motivado por una investigación interna de su embajada y no tiene de manera categórica relación alguna con el Gobierno o funcionario dominicano”, expresó el ministro.
Con esa declaración, el Gobierno dominicano buscó despejar cualquier sombra de duda sobre posibles implicaciones locales. El mensaje era claro: el proceso en curso pertenece al ámbito interno de la misión diplomática estadounidense.
Cierre tiene como único objetivo facilitar el desarrollo de la investigación interna
Ya entrada la tarde, la Embajada volvió a pronunciarse. Confirmó que el cierre tiene como único objetivo facilitar el desarrollo de la investigación interna y subrayó que República Dominicana continúa siendo “un socio fundamental” en el combate al narcoterrorismo en la región.
“El trabajo continuará al mismo ritmo sólido entre la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y nuestros socios dominicanos, incluso mientras se lleva a cabo nuestra investigación interna”, enfatizó el comunicado.
La intención era transmitir continuidad operativa y estabilidad en la cooperación bilateral, pese a la medida extraordinaria.
Pero la jornada aún no había terminado.
Fue en horas de la noche cuando se hizo público el arresto de un supervisor de la DEA en República Dominicana, identificado como Melitón Cordero. La información fue divulgada por la agencia de noticias The Associated Press, que citó a un funcionario federal y a un exfuncionario con conocimiento del caso.
Según esas fuentes, el arresto forma parte de una investigación relacionada con el presunto abuso de un programa de visas estadounidenses destinado a informantes confidenciales.
El caso estaría siendo encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).
Las personas consultadas hablaron bajo condición de anonimato debido a que la investigación sigue en curso. No se ofrecieron detalles adicionales sobre los cargos específicos ni sobre el alcance de la pesquisa. Tampoco hubo respuesta inmediata a las solicitudes de comentarios dirigidas al DHS o a la DEA.
El arresto, conocido horas después del anuncio del cierre, añadió una nueva dimensión al caso. Lo que comenzó como una declaración institucional sobre una política de “cero tolerancia” terminó con la confirmación de una acción judicial concreta.
En el trasfondo, queda una señal inequívoca: la decisión de cerrar temporalmente una oficina antinarcóticos en un país estratégico del Caribe no fue un simple acto administrativo. Fue el resultado de una investigación que ya había avanzado lo suficiente como para producir consecuencias.
Mientras tanto, las autoridades dominicanas han reiterado que la cooperación bilateral en materia de seguridad continúa intacta.
El mensaje desde Washington y Santo Domingo apunta en la misma dirección: el trabajo conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado no se detiene.
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