Santo Domingo. – La Dirección General de Pasaportes afirmó este lunes que la intervención que derivó en la suspensión temporal de la licitación de Pasaporte Electrónico se realizó a solicitud de esa institución en su interés de garantizar que el proceso se desarrolle de acuerdo con los más altos estándares de transparencia y protección de los fondos públicos.
Lorenzo Ramírez, director de la entidad, aseguró que, tras la declaración de interés nacional que
emitió el presidente Luis Abinader, mediante el Decreto 438-22, el proceso se ha gestionado de
manera abierta y participativa, pese a tratarse de un procedimiento de excepción por seguridad
nacional.
“Desde su inicio, el proceso ha contado con la colaboración de la Unidad Burocracia Cero,
integrada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Consejo Nacional de
Competitividad (CNC) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y
Comunicación (OGTIC), así como de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la
cual el país es miembro signatario, quienes han acompañado cada paso del procedimiento, desde
el desarrollo del Pliego de Condiciones, en aras de garantizar que el mismo esté alineado a los
estándares globales para que la seguridad nacional no se vea comprometida”, manifestó.
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Ramírez expresó que, desde que se publicó el procedimiento en el portal de la Dirección General
de Compras y Contrataciones el pasado 12 de junio, el sistema de monitoreo implementado no
ha arrojado ninguna alerta que indique irregularidades. No obstante, solicitaron la intervención
de la entidad para constatar el cumplimiento del procedimiento exigido para este tipo de
procesos.
Explicó que de las 25 empresas nacionales e internacionales que manifestaron interés en
participar del proceso de adquisición e implementación de la nueva infraestructura de
pasaportes biométrico, 11 presentaron preguntas, siete solicitaron la visita técnica, y dos
presentaron ofertas; un consorcio internacional y otra empresa local.
¨El pliego de condiciones de esta licitación fue elaborado bajo las normas internacionales que
rigen la implementación del Pasaporte Electrónico en otros países, donde la experiencia de la
OACI indica que el nivel de participación de oferentes regularmente es de entre dos a cinco, por
tratarse de un procedimiento complejo que implica el desarrollo de software, infraestructura,
Data Center y la inversión de cuantiosos recursos financieros¨.
Sostuvo que todas las recomendaciones realizadas posteriormente por el órgano rector (DGCP)
fueron tomadas en cuenta, cumpliendo con las disposiciones y principios establecidos en la Ley
340-06.
“Es una política de Estado la que exige un pasaporte robustecido. El único interés de esta entidad
es cumplir con el mandato presidencial de dotar a la ciudadanía de un pasaporte electrónico que
cumpla con los mejores estándares de calidad, así como la infraestructura tecnológica que
permita la expedición segura y eficiente del documento de viaje en todas nuestras
dependencias”.
La DGP reafirma su compromiso de continuar trabajando con transparencia y apego a las leyes,
para ofrecer un servicio eficiente y seguro a la ciudadanía.