Para una sociedad moderna, como la que orgullosamente decidimos ser, o por lo menos aspiramos, y para que esta pueda tener la posibilidad de una convivencia y competencia civilizada y una institucionalidad estatal, capaz de representar y procesar los diferentes intereses de la sociedad, la fórmula que hemos elegido es la del gobierno democrático.
Para lograrlo, necesitamos un orden jurídico e institucional que promueva y garantice la competencia y la pluralidad política, que debe ser la expresión de toda sociedad avanzada y que quiere tener un gobierno representativo, estable y eficiente.
No se construye una pluralidad política con los partidos llamados mayoritarios solamente, sino que es necesario garantizar la concurrencia de las fuerzas minoritarias, que son expresión auténtica de la participación activa y comprometida de la diversidad y de la heterogeneidad de la composición social y política de nuestro país.
Guillermo Moreno, Julián Serulle, Eduardo Estrella, Max Puig y otros, como representantes de partidos políticos alternativos, no sólo deben contar con el respaldo ciudadano, por sus demostrados niveles de integridad en el manejo de lo público, sino que deben contar con las garantías del Estado para que puedan situarse en condiciones de igualdad en la lucha política.
No se trata únicamente, pues, de posibilitar la participación en el juego electoral de estas fuerzas emergentes. Se precisa, además, de la existencia de dimensiones normativas, procedimentales e institucionales que hagan posible la participación igualitaria de éstas en todos los medios y mecanismos de promoción y el equilibrio entre todos los grupos políticos que tienen idearios y plataformas que persiguen muchas veces el aniquilamiento de los demás.
Esto para que las reglas de la democracia sean reales y no un mero ejercicio teórico reflejado en normas sin vigencia práctica, lo que constituye una especie de perversión del principio democrático.
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