El Día 
José Dantés.
SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) depositaron conjuntamente hoy ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una acción constitucional de amparo de extrema urgencia contra el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto y la Junta Central Electoral, por la violación a derechos fundamentales y principios constitucionales por la no entrega de los fondos públicos a los partidos políticos que ordena la Ley Orgánica de Régimen Electoral, núm. 20-23.
Alegan que esa situación coloca a los partidos políticos de oposición en una situación de clara desventaja frente al partido de gobierno de cara a las próximas elecciones, al que acusan de utilizar de manera ilegal los fondos públicos para financiar todas sus actividades de campaña electoral.
En este sentido, José Dantés Díaz, secretario jurídico del PLD, afirmó que el Presupuesto General del Estado elaborado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto, de forma inexplicable, “contempla la posibilidad de suspender del presupuesto de 2024, pero sin fecha previsible, la provisión de fondos ordenados por leyes especiales, argumentando para ello la escasa disponibilidad presupuestaria del Gobierno, tratando de justificar así el aplazamiento de las asignaciones presupuestarias que prevé la normativa electoral, justamente en un año electoral, en detrimento de todos los partidos de oposición”, afirmó.
El también miembro del Comité Político del PLD expresó que “es profundamente reprochable, y más allá francamente irrazonable e inconstitucional, que, en pleno año electoral, el Gobierno Central, difiera, sin fecha y bajo manipulaciones ilegales, el suministro de los fondos públicos que ordena entregar la Ley Orgánica de Régimen Electoral, colocando en una situación de inequidad y
desigualdad a todos los partidos de oposición frente al partido de gobierno”.
“No es razonable que, en pleno año electoral, y con unas elecciones a la vuelta de la esquina, el Gobierno disponga la suspensión de los fondos que la Ley Electoral ordena distribuir entre los partidos que participarán en el torneo electoral. Esto es una muestra más de que el PRM, en un contexto tan particular como este, quiere deliberadamente soslayar la competencia política equilibrada, procura desnaturalizar la participación política y obstaculiza la proyección electoral de las organizaciones políticas de oposición”, dijo Dantés Díaz.
Precisó que “la suspensión de la entrega de la contribución estatal que prevé el artículo 224 de la Ley Electoral, en pleno año electoral, distorsiona la competencia democrática, erosiona la participación política institucionalizada y tergiversa las condiciones básicas y sistemáticas en que ha de desenvolverse el derecho fundamental a elegir y ser elegible de la ciudadanía. De esa distorsión, erosión y tergiversación se han hecho cómplices el ministro de Hacienda y el director general de Presupuesto en sus respectivas personas, así como la Junta Central Electoral, que es el órgano a través del cual se distribuyen los recursos, al adoptar la medida manifiestamente arbitraria e ilegal que hoy lesiona los derechos fundamentales del PLD, FP y PRD”, agregó el dirigente político.
Señala que por tales razones, el PLD, la FP y el PRD han solicitado al TSA que, a través de un amparo de extrema urgencia que deberá conocerse a la brevedad posible, comprobar y declarar que la asignación presupuestaria contenida en la Ley de Presupuesto General del Estado de 2024, en lo que se refiere a las partidas especiales que gestiona la JCE, no se corresponde con el porcentaje indicado en el artículo 224 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral como contribución estatal a los partidos políticos en años electorales.
«En ese mismo sentido, la suspensión ilegal que ha hecho el gobierno en la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024, y la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, implica una vulneración flagrante del mandato contenido en el artículo 224 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, lo que a su vez genera la infracción de principios constitucionales y derechos fundamentales de los partidos políticos accionantes», concluyeron.
