Se ha producido un escarceo exagerado porque la Junta Central Electoral le otorgó el reconocimiento a un partido que entre su principal dirigencia tiene a un nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
Si esa organización cumplió con los requisitos que manda la ley, la Junta Central Electoral no ha cometido falta en actuar conforme a un mandato legal. Así se actúa en un Estado de derechos, algo que el abuelo de la persona en cuestión no respetó.
Justamente los demócratas tienen que actuar como demócratas, algo que los diferencia de los dictadores.
Luego, si ese nieto de Trujillo decidiera intentar presentar una candidatura presidencial utilizando ese partido como plataforma, le corresponderá a la misma Junta pasar esa pretensión por el cedazo de las leyes y la Constitución que indica, entre otras cosas, que las personas con doble nacionalidad deben renunciar a la segunda nacionalidad diez años antes de aspirar a la Presidencia.
Satanizar a la Junta por haber actuado conforme al mandato de ley no parece ser lo más justo.
Ojalá que este caso ponga sobre la mesa la discusión de cómo frenar el festival de partidos políticos o el mecanismo para que cada proceso produzca una depuración.
Son muchos partidos los fundados sin intenciones electorales serias. Detrás de muchos de ellos se esconden las intenciones de negociar o propiciar clientelismo, cosa muy distante de la razón de ser de un partido.
