Santo Dominicana.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana presentó este martes su cuarto informe correspondiente a la campaña presidencial y congresual del 2024, en el que realiza una valoración general del proceso y destaca los aspectos y ocurrencias más relevantes que es necesario consignar.

«Las realidad es que hemos estado en campaña abierta desde finales del 2022, todo el 2023, hasta el término oficial de la misma el 16 de mayo del 2024. Esto sobrepasa los dieciocho meses, por lo que, a pesar de que las leyes establecieron plazos más cortos, en esto se puede decir que hay retroceso», dice Participación Ciudadana en una comunicado de prensa.

A continuación, los hallazgos de Participación Ciudadana sobre las elecciones del próximo domingo:

• La República Dominicana avanzó significativamente en la organización de las elecciones 2024, tanto en las municipales como en las presidenciales y congresuales. La Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral han desarrollado un trabajo eficiente, transparente y apegado a las leyes.
• La campaña electoral para las presidenciales y congresuales mostró un país que ha avanzado en el comportamiento de la población, de los partidos y de los candidatos. Esperamos que en los próximos días se mantenga el mismo comportamiento cívico.
• La celebración por primera vez de un debate de las principales candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y senadurías, mostró una democracia más fuerte, en la que se discuten ideas y propuestas en un ambiente de orden y respeto. Estos debates fueron auspiciados por diferentes organizaciones y medios de comunicación y abarcaron también las candidaturas a diputados de diferentes provincias.
• Las actividades masivas y ruidosas, como mítines, marchas, caravanas, disco light, repartición de funditas y bebidas alcohólicas, se redujeron considerablemente. También la propaganda en televisión, periódicos y radio, mientras aumentó el uso de las redes sociales y otros recursos propagandísticos que reducen los costos, los riesgos de violencia física y el ruido.
• En esta ocasión se notó una mayor participación de jóvenes y mujeres en las candidaturas, mostrando algunos de ellos un desempeño notable, que augura un interesante relevo para las elecciones del 2028.
• Sin embargo, persisten prácticas del pasado que es necesario que desaparezcan en los próximos procesos electorales, las cuales tienen apartados en este informe. Entre esas prácticas se destacan los altos costos y el uso de la publicidad gubernamental en favor de candidatos del partido oficial.
• Otro aspecto negativo es el empeño de algunos partidos y candidatos en sembrar desconfianza en el trabajo de las autoridades electorales, sin que esas afirmaciones sean respaldadas por datos objetivos. Listados excesivos de cambios en el personal y el proceso han sido presentados por algunos partidos a pocos días de las elecciones, sin que se visualicen indicadores objetivos de las razones para esos cambios de último momento.

1. PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS.
La Ley No. 33-18 establece en su artículo 45, “Párrafo I “Las primarias, convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas son las modalidades mediante las cuales los partidos, agrupaciones y movimientos políticos escogen sus candidatos y candidatas.” El artículo 53 de la misma Ley establece la cuota de género en 40% mínimo y 60% máximo para cualquier de los géneros.

Por otro lado, el artículo 58 establece que los partidos tienen derecho a reservarse “un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente al veinte por ciento (20%) del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidas por la Constitución y las leyes.”

En este proceso, los partidos políticos utilizaron una combinación de diferentes modalidades de selección de candidaturas e hicieron uso del porcentaje de reserva para fines de alianzas con otras agrupaciones o de decisiones de sus órganos directivos.

En general, las modalidades de primarias y convenciones de delegados o de militantes funcionaron bien y no hubo mayores conflictos. Sin embargo, las encuestas sí produjeron una importante cantidad de conflictos internos, impugnaciones y disgustos, tanto en las municipales como en las congresuales. Participación Ciudadana entiende que esta modalidad debe ser eliminada en una próxima revisión de la Ley No. 33-18, ya que se presta a muchos conflictos, violaciones de derechos y manipulaciones en los partidos, en perjuicio de los métodos de elección democráticos y transparentes.

La cuota de género fue estrictamente exigida, aunque no faltaron algunas resistencias e intentos de burlarla. La JCE, emitió la resolución 012-2023 que establece la distribución de la proporción de género en las candidaturas plurinominales.

En el caso que afectó al Partido Fuerza del Pueblo, éste presentó una boleta para las diputaciones en la Circunscripción No. 1 del Distrito Nacional que violentaba dos disposiciones legales: una que despojaba de su candidatura a Robert Martínez, quien había sido seleccionado por el mecanismo de encuesta y lo sustituía por Rafael Paz, quien no había participado en la contienda interna. Ante una resolución del TSE a favor de Robert Martínez, el Partido Fuerza del Pueblo, para mantener al señor Paz, presentó otra boleta que violentaba la cuota de género, lo cual fue rechazado por la JCE, organismo que decidió acatar a los candidatos señalados en la sentencia del TSE y hacer cumplir, tanto la cuota de género como los derechos adquiridos mediante la participación en encuestas.

Un caso semejante ocurrió en la circunscripción No. 1 del exterior, donde el candidato de la Fuerza del Pueblo, Ramón Modesto Tallaj Ureña, interpuso un recurso ante el TSE impugnando el orden en que había sido colocada su candidatura en la boleta y solicitando que se le colocará en el primer lugar, lo que fue acogido por el TSE por su decisión TSE/0335/2024. Lamentablemente esta decisión intervino cuando ya se habían impreso y despachado las boletas, conllevando a que la JCE tuviera que desechar y volver a imprimir más de 600 mil boletas para cumplir con lo dictaminado por el TSE.

El Partido Revolucionario Moderno, también recibió el rechazo de la boleta para el nivel de diputados en la Circunscripción No. 3 del Distrito Nacional por incumplimiento de la cuota de género, error que fue corregido a tiempo por ese partido. La boleta tenía cinco hombres y dos mujeres.

Estas situaciones obligaron a la JCE a retrasar la conformación e impresión de boletas y, en el caso de Nueva York, originó un costo adicional millonario, cuyo monto todavía no conocemos. Es importante que situaciones como estas no se produzcan, ya que alteran el calendario de la JCE. De acuerdo con lo dispuesto por el párrafo 1 del artículo 147 de la Ley No. 20-23 de Régimen Electoral, el límite para la presentación de candidatos a diputados es el 4 de marzo debiendo publicarse en la tablilla de publicaciones de la JCE en las 24 horas siguientes. La Junta Central Electoral otorgó a los partidos nuevos plazos, en dos ocasiones, para que cumplieran con la Ley y con las decisiones del TSE.

Participación Ciudadana y todo el país, aspiran a que los partidos políticos se comprometan totalmente con el cumplimiento de las leyes electorales, de la democracia interna y los derechos de sus miembros y cumplan diligentemente con las disposiciones de la JCE y el TSE.

2. EL TEMA DEL TRANSFUGUISMO.

El Artículo 140 de la Ley No. 20-23 establece lo siguiente: “Las personas que hayan sido
nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo, a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza, en el mismo proceso electoral.”

Este fue uno de los temas que dominó las campañas electorales del 2024. En numerosas ocasiones, los principales partidos de oposición acusaron al gobierno de comprarle sus dirigentes, incluso, en los últimos años se le acusó de comprar alcaldes de la oposición a quienes, supuestamente, se les entregaban recursos para que pasaran a las filas del partido oficial.

Esta es una de las prácticas que forman parte de la vieja cultura antidemocrática de la que han sido acusados todos los partidos y gobiernos desde hace décadas. Nunca se ha podido cuantificar qué tanta influencia tiene, o comprobar si es cierto que los militantes y dirigentes comprados reciben beneficios a cambio de su transfuguismo, ni mucho menos cuanto han aportado esas compras a la cultura de corrupción y despilfarro de los recursos públicos.

En los últimos años, ha salido en la prensa una gran cantidad de dirigentes de partidos de oposición que han pasado al partido de gobierno. La ley solo prevé que las personas nominadas por un partido no pueden ser nominadas por otro en el mismo proceso electoral. Ninguna otra disposición puede impedir el cambio de partido, por lo que Participación Ciudadana entiende que esa cultura vergonzosa debe ser enfrentada por los propios partidos con medidas internas y con la elevación del nivel de ética y compromiso de sus militantes y dirigentes. Es muy sospechoso que tanta gente se juramente en el partido oficial en plena campaña electoral, pero eso no solo habla mal del partido que “compra” sino del partido cuyos miembros se “venden”.

La sociedad dominicana debe aspirar y seguir creando mecanismos para hacer desaparecer estas prácticas que han contribuido a crear desconfianza en instituciones tan importantes para la democracia como los partidos políticos.

3. LOS DEBATES ELECTORALES, UN GRAN AVANCE EN LOS PROCESOS ELECTORALES DOMINICANOS.
La realización de un debate entre los candidatos presidenciales, con una agenda prestablecida por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios -ANJE- marca un cambio en la cultura político electoral de la República Dominicana.

La aceptación por primera vez de un presidente aspirante a la reelección para un debate con sus dos principales adversarios, así como también un debate entre las tres mujeres candidatas a la vicepresidencia de los principales partidos, es un giro positivo que enriquece el proceso de campañas. El ambiente de cordialidad y respeto en el lenguaje, el amplio conocimiento de la problemática nacional y la participación femenina a este nivel, sorprendió a muchos y puso en alto el orgullo nacional.

También es notable el hecho de que los aspirantes a senadores de las principales demarcaciones hayan participado en debates con proyección nacional y local porque ha sido una gran oportunidad de conocerlos y valorarlos. La novedad de los debates llegó a diferentes ámbitos. Varios medios de comunicación e instituciones, entre ellas Participación Ciudadana, organizaron debates entre candidatos nacionales y locales, tanto para diputaciones como senadurías, en la capital y en provincias.

Más allá de la percepción, basada en la realidad, de que la mayoría de las propuestas y promesas luego son olvidadas por los ganadores, de que se ofrecen estadísticas infladas, o de que los candidatos que se saben perdedores se desbordan en ofertas que con frecuencia no pasan de buenos deseos, el mayor aporte de los debates es la educación ciudadana. Este es un espacio que pone a pensar a la gente, que le ofrece información sobre la realidad nacional e internacional, permite hacer comparaciones, brinda oportunidades de participación a candidaturas jóvenes que comienzan a proyectarse como relevos y, lo más importante, fortalece la cultura de rendición de cuentas a la que aspiramos.

El debate presidencial fue visto por más de la mitad de la población, según registraron varias encuestas, aunque todavía no se advierte su influencia en la decisión del voto. El hecho de que la mayoría de la población los vio a través de las redes sociales es otro indicador de cambios, sobre todo porque este es un medio menos costoso y más accesible a los jóvenes. Que la televisión ocupe un segundo plano es también una expresión de cambio que impacta la colocación de publicidad en esa plataforma.

Participación Ciudadana no comparte la queja de algunos que califican la campaña presidencial del 2024 como aburrida, más bien es un paso de avance en la aspiración de darle a la política y a las elecciones el verdadero lugar que se merecen como eventos de suma importancia, determinantes en la vida de los pueblos, que deben ser tomados en serio por la población, por los políticos y los gobernantes, dejando en el pasado el ambiente y la cultura de mercados y carnavales en los que solo unos pocos piensan, conducen y convencen a masas que no saben lo que les conviene y que se inclinan ante dádivas y falsas promesas.

4. USO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO.
El uso irregular de los recursos públicos en favor del partido o bloque dominante es una práctica muy arraigada en la historia política dominicana, alcanzando niveles cada vez más escandalosos, durante los pasados gobiernos del PLD y en el actual. Que los programas públicos se utilizan deliberadamente con intenciones de influir sobre el electorado se pone en evidencia solo con ver que se intensifican en la medida en que se acercan las elecciones.

La Ley de Régimen Electoral No. 20-23, es clara cuando en el párrafo I de su artículo 210 dispone que “no podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos, agrupaciones o movimientos políticos a cargos de elección popular”. En su párrafo V dispone que “los funcionarios públicos no podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio.” La misma ley lo reitera cuando en su artículo 207 dispone que está prohibido utilizar los edificios públicos para fines de propaganda y utilización electoral.

Dos actividades de campaña del actual presidente de la República y candidato a la reelección, Luis Abinader, violan estas disposiciones. La primera es un spot de campaña relacionado con la seguridad en la frontera, que termina con la imagen del gobierno, pero también con el eslogan de campaña electoral que dice: “esto es cambio”. Al margen de la necesidad de determinar si este spot está siendo pagado con fondos del partido o con fondos públicos, en el mismo se utilizan las imágenes de los militares dominicanos en la frontera, equipos militares como vehículos, drones, tanquetas y los espacios de seguridad, como la verja en construcción y puestos de vigilancia.

La segunda violación es un documental presentado a partir del 8 de mayo en varios medios de comunicación, en el que se utiliza indiscriminadamente material de imagen y sonido que pertenece al Estado dominicano. Aun cuando este documental no haya sido producido con recursos públicos, la utilización de imágenes dentro del Palacio Nacional para fines electorales está prohibida, ya que constituye un elemento de privilegio para cualquier candidatura a la reelección.

La publicidad gubernamental sigue siendo muy influyente en los procesos electorales. En la partida destinada a “publicidad, impresión y encuadernación” en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en el 2023. De todo lo gastado el pasado año, el 74% tuvo lugar en la segunda mitad. Se advierte que casi todo lo computado en esta partida, el 86 por ciento, corresponde a publicidad y propaganda.

Para este 2024 el presupuesto consigna RD$8,163 millones de pesos destinados a publicidad, impresión y encuadernación, de los cuales en los primeros cuatro meses se gastaron 3,177 millones, particularmente de febrero a abril, cuando se intensificó.
De esta manera, en el segundo semestre del año pasado, cuando las elecciones estaban más cerca, se gastó casi el triple que en el primero, y en lo que va del 2024, seis veces y medio más que en igual período del año anterior.

La publicidad oficial suele incluir, de forma velada o expresa, informaciones sobre supuestos “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral, incluso utilizando expresamente cifras tendentes a abultar los éxitos, expuestos en páginas de periódicos y espacios en los medios audiovisuales y plataformas.

No es que no se hiciera en los pasados gobiernos, e incluso a veces más en términos relativos, sino que lo que espera la ciudadanía es que las prácticas incorrectas sean corregidas en vez de replicadas igual o peor.

Insistimos en que los datos expuestos provienen de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, por lo que no se incluyen los montos dispuestos a este fin por las instituciones autónomas, los ayuntamientos, los bancos del Estado y los fideicomisos públicos, que también incluyen habitualmente la contratación de publicidad. Es decir, probablemente el presupuesto asignado a este fin es mucho mayor.

Otra práctica histórica que también persiste es aprovechar con fines electorales diversos programas públicos, principalmente en los de bienestar social, a pesar de algunos intentos legales o de las autoridades electorales. Sin embargo, resulta difícil extraer conclusiones en base a las estadísticas disponibles, debido a que dicho uso queda englobado dentro de grandes partidas de gastos que incluyen programas legítimos del Estado, como inversiones públicas, programas sociales y subsidios gubernamentales, pero que son utilizados habitualmente como medios para favorecer adeptos o promocionar candidatos oficiales.

Particularmente se destaca la partida destinada a “ayudas y donaciones a personas”, que, si bien se refiere a programas legítimos destinados a combatir la pobreza, también se usan habitualmente de manera selectiva para favorecer políticamente al gobierno de turno. En la misma se gastaron $52,000 millones de pesos en el pasado año 2023 y $12,751 millones en los primeros tres meses de este año.

5. Monitoreo del gasto en publicidad.
Tal como lo ha hecho en varios procesos electorales, Participación Ciudadana encargó a la empresa Publimonitor el monitoreo de los gastos en publicidad electoral por la prensa, radio y televisión de los partidos y candidatos en todo el mes de abril de presente año.

El resultado es que en el mes de abril, el PRM gastó en estos medios 107.9 millones de pesos, equivalente al 37.8% del total de los partidos; La Fuerza del Pueblo gastó 76.5 millones, para un 26.8%; el Partido Reformista Social Cristiano 49.9 millones para un 17.5%: el Partido de la Liberación Dominicana 31.0 millones, para un 10.8%; el Partido Revolucionario Dominicano 10.9 millones para un 3.8% y la Fuerza Nacional Progresista 4.5 millones para un 1.5%.

Estos 6 partidos suman 280.8 millones de pesos. Por otro lado, otros 13 partidos gastaron 4.1 millones para una participación de un 1.4% del gasto en prensa escrita, radial y televisiva, solo en el mes de abril. Ver cuadro anexo.

Nótese que esto es solo de un mes. La campaña comenzó hace dieciocho meses y se utilizaron profusamente decenas de mecanismos como las vallas, redes, afiches, más todas las actividades realizadas por todos los partidos y candidatos. Esta profusión de recursos debe concitar una gran voluntad nacional para lograr reducirla.

6. EL TRABAJO DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Como en todos los procesos electorales Participación Ciudadana incluyó el seguimiento al trabajo de la JCE, en el entendido de que de ésta depende mayoritariamente la calidad de los comicios, no solo por su función organizativa, sino sobre todo por su función rectora y el respeto que concite con su actuación. El calendario electoral se ha cumplido, con retrasos moderados debidos a la ampliación de plazos a algunos partidos.

Es importante reconocer que la mayoría de las recomendaciones que hicimos en el informe de observación de las elecciones municipales de febrero, fueron atendidas oportunamente por la JCE y, por tanto, el país se acerca a las elecciones de mayo con un ambiente de mayor seguridad de que pasaremos airosos la prueba del 19 de mayo.

Entre las recomendaciones que fueron atendidas se encuentran: prohibir las concentraciones de personas alrededor de los recintos electorales; prohibir la instalación de carpas en las cercanías de los recintos electorales; reiterar la prohibición a los votantes de entrar con celulares a los colegios; reforzar la capacitación de la policía electoral; coordinar con la policía electoral la vigilancia general, fuera de los recintos electorales, para resguardar el orden y disolver aglomeraciones; reducir a uno por recinto los facilitadores de los partidos políticos y designar un coordinador oficial de recinto.

Cabe destacar el esfuerzo de la JCE en el cumplimiento de la cuota de género en todos los niveles y demarcaciones. En este sentido es necesario avanzar para que, en los próximos procesos, los partidos políticos presenten más mujeres en las posiciones electivas relevantes.

Una situación importante que sigue pendiente es la de los informes financieros de los partidos y candidatos. Muy pocos han cumplido con la transparencia de los ingresos y gastos. Los esfuerzos desarrollados por la unidad de control financiero de los partidos, en la JCE, parece no se han traducido en significativos avances. La implantación de una nueva cultura de transparencia financiera es un desafío que hay que seguir empujando permanentemente en los partidos políticos, porque no se trata solo de los años electorales, sino de todos los años y podría incluir auditorías que arrojen luz sobre este aspecto e incentiven al cumplimiento de las normas.

7. TRABAJO DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
En el periodo correspondiente a la campaña presidencial y congresual, el Tribunal Superior Electoral -TSE- conoció y dictaminó sobre 25 expedientes, de los cuales 2 fueron sobre suspensión de los debates y 23 sobre las boletas electorales.

El partido que presentó mayores conflictos en la configuración de su boleta fue la Fuerza del Pueblo, para un total de 10, de los cuales 7 fueron fallados en contra, 2 fueron acogidos y uno se encuentra en instrucción. Como consecuencia de estos conflictos se ordenó la reconfiguración de las boletas electorales de la Circunscripción No. 1 del Distrito Nacional y de la Circunscripción No. 1 del exterior.

Por el PRM se presentaron dos expedientes, uno fue rechazado y el otro desistió. Otro caso fue el rechazo de la impugnación del partido Esperanza Democrática a la decisión del TSE de rechazar la candidatura de Luis José Domínguez Trujillo. También fue declarada inadmisible la solicitud de candidatura independiente de Alberto Fiallo.

Participación Ciudadana valora como muy positivo el trabajo del El Tribunal Superior Electoral en todo el proceso de las elecciones del 2024. Se trabajó en coordinación con la Junta Central Electoral, en horario extendido los siete días de la semana; las decisiones fueron tomadas dentro del tiempo hábil, contribuyendo de esa manera a la buena organización del proceso. Las decisiones del TSE han sido conocidas y discutidas por la opinión pública y la ciudadanía las ha valorado como justas, por estar apegadas a las leyes y por proteger a ciudadanos a quienes se les habían violado sus derechos, en un ejercicio que servirá como precedente en el fortalecimiento del sistema de partidos y de la democracia.

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