Santo Domingo.- El movimiento cívico Participación Ciudadana pide a los senadores que no impongan un único mecanismo, primarias abiertas, simultáneas y bajo organización de la Junta Central Electoral, para elegir las candidaturas de los partidos políticos a los cargos electivos no ha sido objeto de consenso desde el primer proyecto de Ley de Partidos.
Explican que la aprobación no sido un asunto consensuado con las diversas organizaciones y partidos políticos, y otros sectores sociales.
«En la actualidad las primarias abiertas son objeto de un rechazo político y social generalizado, y que dividen hasta el propio partido (PLD) que tiene casi absoluto control del Congreso Nacional. Sólo respaldado por un partido aliado, el Revolucionario Dominicano», indicaron.
Asimismo, Participación Ciudadana sostiene que ninguno de los dos partidos ha convocado a sus directivos para aprobar una propuesta que contradice sus estatutos.
«El padrón abierto para las candidaturas ha sido rechazado reiteradamente por casi todos los partidos reconocidos, resaltando el bloque de once partidos de oposición al gobierno, pero también por los restantes, incluso casi todos los aliados electorales del PLD, agrupados en el Foro Permanente de Partidos Políticos», manifestaron en un comunicado.
El movimiento cívico describe además que el rechazo ha sido general principalmente por instituciones sociales que se preocupan por la institucionalidad democrática.
«La imposición del padrón abierto sería una aventura que podría conducir a mayores confrontaciones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, cuyo presidente ha adelantado que no propiciará una legislación para satisfacer el interés grupal. Y se sabe que allí faltarán unos 30 votos para lograr los dos tercios necesarios para la aprobación de esta ley orgánica», detallaron.
«No quisiéramos dar crédito a las versiones de que se podría estar planeando reproducir en la Cámara de Diputados el mercado de compras de votos que viabilizó la reforma constitucional del 2015. Pero aún si ese proyecto pasara sin el menor consenso en la Cámara de Diputados, ya se ha adelantado que se recurriría al Tribunal Constitucional buscando que se ratifique la declaratoria de inconstitucionalidad que anuló la ley 286-04 que estableció las primarias simultáneas, con padrón abierto y bajo responsabilidad de la JCE, como se replantea en el proyecto aprobado en primera lectura por los senadores».
Participación Ciudadana entiende que sería un proceso extenso y cuesta arriba que sumiría el país en la confrontación política y reduciría la gobernabilidad democrática.
Explican que «dentro de ese clima de confrontación sería mucho más difícil consensuar y aprobar la nueva Ley del Régimen Electoral, también bajo ponderación del Congreso Nacional, llamada a adecuar el sistema electoral al marco de la Constitución del 2010, lo que debió hacerse hace más de siete años».
Indican que el país no debe exponerse a otras elecciones generales sin adecuar su legislación a los requerimientos democráticos.
«La Junta Central Electoral ha advertido de las graves dificultades que entrañaría una elección de candidatos por todos los partidos al mismo tiempo, sobre todo para el procesamiento de los resultados, cuando a cada cargo podrán optar tres precandidatos por partidos. Así para las elecciones municipales, con casi 4 mil cargos en juego, habría que contarle votos individuales a unos 12 mil aspirantes por partido, 48 mil en total, si la ley sólo obliga a los que han obtenido más del 5 por ciento de los votos, que son cuatro. La experiencia del procesamiento del voto preferencial por los 190 diputados, que le ha tomado a la JCE dos semanas, hace temer que lo propuesto por los senadores sería un acto de irresponsabilidad», recordó la entidad.
También recordaron «lo riesgoso que sería embarcar a la JCE en tres elecciones generales en el corto plazo de seis meses, si las primarias son tres meses antes de las municipales de febrero, y luego de ésta la presidenciales de mayo. De haber segunda vuelta entonces serían cuatro votaciones generales».
Participación Ciudadana alega que «el proyecto aprobado invade el ámbito de lo que sería la Ley del Régimen Electoral, en su artículo 41 cuando instituye sobre la apertura de la campaña electoral para las elecciones presidenciales y cuando indica fecha de toma de posesión de «las autoridades electas en mayo», así como otros artículos».
Recordaron que «el proyecto aprobado establece que la JCE debe decidir sobre solicitudes de nuevos partidos a más tardar 6 meses antes de las elecciones, cuando lo justo sería a más tardar 6 meses tras la solicitud, que no debería hacerse 6 meses antes de las elecciones».
