Tahira Vargas, antropóloga social.
SANTO DOMINGO.-La desigualdad social, el desempleo y el tráfico de drogas son las principales causas estructurales del auge de la delincuencia, según la consulta realizada por Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, a representantes de instituciones públicas vinculadas a la seguridad ciudadana y actores de la sociedad civil.
Para enfrentar la génesis estructural de la delincuencia se hace indispensable que el Estado garantice oportunidades de desarrollo a todas las personas, sin excepciones por características sociales o de clase, y ponga freno a la corrupción e impunidad. Además, resulta necesario que Estado y empresarios aseguren salarios dignos y programas que permitan acceder a una mejor calidad de vida.
El estudio, coordinado por la antropóloga social Tahira Vargas, abordó como ejes centrales las acciones preventivas e intervención correctiva frente al aumento de la delincuencia en el Distrito Nacional, analizando las distintas expresiones del flagelo en la niñez, juventud, familia, cultura social, organizaciones comunitarias, educación y medios de comunicación.
Vargas señaló el maltrato infantil, el uso de drogas por niños y niñas, y la vulnerabilidad y desprotección de esta población frente a las redes delictivas, como las principales preocupaciones relacionadas a la niñez.
Ante esto, se sugirieron distintas medidas como la implementación de programas de formación sobre violencia para las familias; el seguimiento y protección a niños, niñas y adolescentes usuarios de drogas; brindar protección y acogida a hijas e hijos de padres que no tienen condiciones para tenerlos, así como a NNA en condición de calle.
Otras propuestas para la prevención de la delincuencia fueron: multiplicar los cursos técnicos para jóvenes; ampliar las ofertas culturales y deportivas en los barrios, facilitar a las y los jóvenes el acceso a empleos; rehabilitación adecuada a jóvenes que están insertos en redes delictivas; desarrollo de programas de salud mental en los barrios; fortalecer las UNAP´s como entrada al sistema de salud con ofertas de programas de salud mental comunitaria; control de armas ilegales; y fortalecer la acción comunitaria a través de las Ong’s y las organizaciones de base.
Sobre la violencia de género se enumeraron algunas recomendaciones como ampliar el acceso a educación técnica y universitaria a las mujeres, tratamiento integral desde la Policía Nacional en prevención y casos de denuncia, capacitación para el empoderamiento de las mujeres, incluir la capacitación en género en el currículo escolar desde el nivel básico, aumentar cantidad y mejorar las condiciones de las casas de acogidas de mujeres en peligro de muerte, capacitar a líderes de organizaciones comunitarias y religiosas, y sensibilizar a ejecutivos de medios de comunicación sobre el exceso de exposición en el tratamiento de los casos de feminicidios.
Con respecto a la intervención correctiva, la antropóloga enfatizó en la necesidad de fortalecer la institucionalidad y mejorar los mecanismos de respuesta de las autoridades competentes para brindar protección y justicia a las víctimas de casos delictivos.
Señaló que para producir respuestas efectivas y oportunas se requiere generar vínculos continuos entre sociedad civil, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía.
Las conclusiones de la consulta fueron presentadas a dirigentes de organizaciones sociales y autoridades de distintas instituciones públicas, entre estas los ministerios de Salud Pública, de la Mujer y de Educación, así como la Policía Nacional, para promover que se asuman compromisos formales a partir estos insumos.
