Santo Domingo.- El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó hoy su preocupación por violaciones a la Constitución en la campaña electoral tras afirmar que el proceso está plagado de un comportamiento antidemocrático e iniquidad.
“La observación del proceso electoral que desde mediados de 2019 se han incumplido los preceptos de la democracia y se acrecienta la cantidad de violaciones a las leyes, ante la impotencia de una población que aspira y lucha por una práctica política más decente, equitativa y transparente”, dijo en un comunicado.
Participación Ciudadana afirma que las autoridades electorales no han hecho nada para encaminar a reducir la duración de la campaña, de manera que el proceso podría pasar a la historia como el más largo que registra el país.
“La Ley 15-19 establece que las campañas electorales comienzan con una proclama de la JCE ara las presidenciales, esto se hizo el 17 de marzo pasado, pero los candidatos iniciaron su campaña desde las primarias de octubre de 2019”, aseveró.
Asimismo, criticó la participación del presidente Danilo Medina en campaña tras declarar que ganaría las elecciones asumiendo las campañas del partido oficialista
“El Gobierno en pleno, encabezado por el presidente Danilo Medina, quien declaró que personalmente ganaría las elecciones, ha asumido funciones de responsabilidad en la campaña, igual que lo hizo en las municipales, a favor del candidato oficialista, en violación a la Constitución, la Ley Electoral y la Ley de Función Pública. Por otro lado, la Ley 15-19 de Régimen Electoral, en su artículo 196, párrafo I y III, contempla la separación ipso facto del cargo, de los funcionarios/as que sean candidatos/as. Las autoridades electorales no han dado seguimiento al cumplimiento de este precepto”, reza el documento.
El movimiento cívico dijo que la práctica de uso de recursos públicos para la candidatura oficialista ha sido frecuente en este periodo electoral.
“Esta práctica se refleja en la ejecución presupuestaria y en la enorme cantidad de compras realizadas, incluyendo las que fueron frustradas por denuncias públicas. La pandemia del COVID-19 y las sucesivas declaratorias de emergencia se convirtieron en una oportunidad ampliamente aprovechada por el Gobierno, cediendo un papel protagónico en la distribución de asistencia con recursos públicos, a su candidato presidencial, a la Vicepresidenta-candidata, así como a los aspirantes oficiales a senadores y diputados”, manifestaron.
Participación Ciudadana asegura que también ha comprobado la violación del toque de queda por equipos gubernamentales, del candidato oficial y se han recibido denuncias de retiro en las noches de propaganda de los opositores.
También aseguraron que las autoridades electorales no han puesto en funcionamiento un mecanismo que fiscalice los gastos en campaña.
“La abrumadora cantidad de recursos que se están gastando, especialmente por parte del candidato oficial, permite afirmar que ésta será la campaña más cara de la historia de República Dominicana. Participación Ciudadana ha hecho esfuerzos por dar seguimiento a este aspecto, pero la información proporcionada por la JCE, no permite saber el monto y el objeto de los gastos de los candidatos/as, ni quiénes son sus financiadores”, explicaron.
Condenaron que la publicidad es tan abrumadora que puede calificarse de agobiante y no se ha visto ninguna iniciativa de la JCE para actuar como ente regulador y moderador en pro de una mayor equidad en el proceso.
Asimismo, manifestaron que hasta el momento la Procuradoría de Asuntos Electorales no ha podido instalarse adecuadamente por el escaso apoyo del Procurador General de la República y la pasividad de las autoridades electorales frente a todas las violaciones a la ley electoral.
Participación Ciudadana indicó que la campaña contra la compra y venta de votos que se logró por presión popular en las elecciones municipales no ha sido ejecutada previo a las presidenciales y tampoco se han conocido otras iniciativas para prevenir este delito que tanto ha afectado a la democracia en el país.
Destacó que tampoco han sido aplicados los artículos 198 y 199, de la Ley 15-19 de Régimen Electoral, en cuanto a encuestas y sondeo electoral y registro de firmas encuestadoras.
