Sorprende el debate sobre la acreditación de Participación Ciudadana como observador para las próximas elecciones.
No creemos que ninguna autoridad electoral haya contemplado la posibilidad de negarle la acreditación a esta institución que tiene numerosos procesos participando exitosamente como observador.
Tampoco creemos que desde el Gobierno se hagan presiones para impedir su participación, muy a pesar del desatinado pedimento que hiciera el Ministro de Interior y Policía en esa dirección.
Participación Ciudadana, como la misma Junta Central Electoral, es víctima de los tradicionales defectos de los procesos electorales, durante los cuales se produce una cascada de denuncias, acusaciones y sospechas propias de la incertidumbre que genera.
Pero como en la democracia hay que estar vigilantes, queremos dejar sentado que resulta altamente positivo el rol de observador de Participación Ciudadana en los procesos electorales y sus señalamientos previos sobre el devenir de la campaña electoral.
De igual manera deben ser bienvenidas todas las organizaciones acreditadas por la sociedad dominicana que quieran participar.
La Junta ya aprobó el reglamento de observación y ha anunciado que trabajará con las acreditaciones después de la Proclama, el 15 de febrero.
Participación Ciudadana y todo el país tienen derecho a observar porque el proceso electoral sea diáfano y transparente, con respeto a las reglas de juego impuestas por la democracia.
De paso, aprovechamos para desearle éxitos en sus funciones al nuevo coordinador general de esa organización de la sociedad civil, el abogado Francisco Álvarez.
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