David Ruiz, uno de los abogados de los familiares de los choferes asesinados por la banda de sicarios.
SANTO DOMINGO.-Parientes de transportistas ejecutados a balazos por la banda de sicarios dirigida supuestamente por el presidente de la Unión Nacional de Transportista y Afines (Unatrafin), Arsenio Quevedo, denunciaron este jueves la existencia de nuevos planes por parte de la banda que opera desde el Poder Judicial para favorecer a implicados en los crímenes.
Casilda Guerrero, madre de uno de los choferes ejecutados, acusó al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, y al exprocurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, de haberse puesto de acuerdo para ordenar el descargo de Arsenio Quevedo, «beneficiario de la actividad sicarial».
Guerrero aseguró que a esos fines se habría producido una reunión en sede de la Suprema Corte de Justicia, donde Jiménez habría hecho la solicitud al Germán Mejía por instrucciones de un alto cargo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La progenitora del malogrado dirigente choferil, Overny Guerrero, recordó que esa estructura del Poder Judicial patrocinó la puesta en libertad del entonces regidor de Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís, hecho por el cual al menos dos jueces fueren destituidos y enfrentan cargos penales en los tribunales de justicia.
Por su parte, los abogados de las víctimas aseguraron que testigos que han declarado en el proceso penal seguido a sicarios y patrocinadores han identificado a los autores materiales de los hechos de sangre, y ubicado a Erickson de los Santos Solís en la escena del crimen.
Los abogados Manuel Soto Lara, David Ruiz Jiménez y Valentín Vásquez Eusebio dijeron que las pruebas científicas y evidencias recolectadas en al menos dos allanamientos establecen, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del presidente de Unatrafin, Arsenio Quevedo, como patrocinador de los asesinatos.
Destacaron que entre las pruebas ocupadas en allanamiento realizado en el local de Unatrafin e incorporadas al juicio que conoce el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que incriminan a Arsenio Quevedo, se encuentran documentos tipo nóminas, donde figuran los sicarios, así como cheques por altas sumas de dineros emitidos a Erickson de los Santos Solís, supuesto “coordinador” de los sicarios, en fechas coincidentes con los hechos.
Soto Lara, Ruiz Jiménez y Vásquez Eusebio atribuyeron a la certeza de la condena los aprestos desesperados por parte de la “estructura mafiosa” del Poder Judicial y del liderazgo oficialista, para evitar la inminente condena de Arsenio Quevedo, principal cuadro político implicado en los citados hechos de sangre.
