Los datos acerca del comportamiento de la inflación son de un gran interés para el Gobierno, comprometido desde el año pasado en el sometimiento de este indicador por ser uno de los más rebeldes y de peores efectos en la cotidianidad de la población allí donde se instala.

Es una batalla que se justifica por varias razones, entre ellas por su capacidad para atraer la atención de la oposición política, mantener el interés de la gente en sentido general, pero muy particularmente de quienes compran día tras días los bienes perentorios de consumo, y por la facilidad con la que une a sectores naturalmente separados por su condición social, unidad no precisamente constructiva, sino por sobre la base de una mala opinión acerca de los administradores de lo público.

Desde un punto de vista técnico, la inflación puede ser atacada mediante el retiro de circulante, las denominadas “tasas de política monetaria”, que no son otra cosa que el encarecimiento del dinero para ponerlo fuera del alcance de los consumidores.

Una medida de la que todos han oído hablar desde el año pasado, tanto en el ámbito interno, como por las noticias procedentes de otros países.

Pero el encarecimiento del dinero para mantenerlo lejos de las manos dispendiosas tiene el agravante de que también lo aleja de quienes lo usan para invertirlo.

El aumento de la cantidad de “circulante” fue uno de los efectos laterales de las medidas aplicadas para mantener a la gente recluida en sus casas durante el tiempo más duro de la pandemia del covid, pero en el mundo entero esa acción produjo aumentos generalizados de precios.

Ayer el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, dijo que el impulso de la inflación sigue perdiendo fuerza y esta debe ser una buena noticia, con tal de que no se lleve, en su camino a la inmovilización, el preconizado dinamismo económico nacional.