República Dominicana se ha dado una ley para incentivar la industria cinematográfica, cuyo objetivo es que se desarrollen técnicos dominicanos y que se proyecten valores nacionales a través de la pantalla grande.
De no ser así, no tendría sentido el sacrificio fiscal que implica esta legislación.
La Ley de Cine no fue diseñada para que algunos se aprovechen de la exención fiscal sin hacer ningún aporte a la cultura cinematográfica del país.
Quienes conocen mínimamente de ese arte saben que en el país se ha constituido una especie de “zona franca cinematográfica”, por lo que habría que preguntarse si realmente se está aportando algo a los esfuerzos por resaltar valores nacionales o al entretenimiento con algún mensaje social.
Igualmente habría que velar porque la Ley de Cine realmente contribuya a desarrollar la cinematografía como arte y no como un simple instrumento para obtener beneficios económicos.
Esta legislación también busca colocar al país en el escenario mundial de la industria, que a su vez trae como beneficio la promoción de una nación que tiene en el turismo uno de sus principales motores.
Por eso merecen ser reconocidos los esfuerzos para que se filmen en República Dominicana grandes producciones cinematográficas, o los que hacen algunos productores nacionales tendentes a tratar temas de interés social, presentar figuras históricas o producciones humorísticas que dejen algún mensaje a la sociedad.
Las autoridades tienen la responsabilidad de velar porque la Ley de Cine, que implica un sacrificio fiscal, cumpla su cometido.
También deben evitarse distorsiones, pues si algo se ha demostrado es que en el país hay gente muy creativa a la hora de timar al Estado.
