Panamá. El Gobierno de Panamá solicitará a la Asamblea Nacional una dispensa fiscal para disponer de mayor margen presupuestario frente a los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió el país el pasado viernes 9 de octubre. La medida forma parte de las acciones extraordinarias incluidas en la declaratoria de emergencia nacional.
La iniciativa permitirá gestionar una suspensión temporal de los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, con el objetivo de facilitar la asignación de recursos para atender las necesidades de las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de la infraestructura pública.
La solicitud está contemplada en la Resolución de Gabinete del 10 de octubre de 2026 y deberá recibir la aprobación de la Asamblea Nacional para entrar en vigor.
El Gobierno busca mayor flexibilidad presupuestaria
Para el ejercicio fiscal de 2026, Panamá tiene establecido un límite de déficit equivalente al 3,5 % del producto interno bruto (PIB) para el Sector Público No Financiero. Sin embargo, la legislación contempla excepciones ante situaciones extraordinarias, entre ellas los desastres naturales y las emergencias nacionales.
La dispensa fiscal permitiría modificar temporalmente ese límite, aunque las autoridades todavía no han establecido cuál sería el nuevo porcentaje ni el alcance definitivo de la flexibilización.
La medida no implica la eliminación permanente de las normas fiscales, sino una excepción temporal destinada a facilitar la respuesta económica del Estado ante la emergencia.
Hasta 100 millones de dólares para atender los daños
Como parte de las acciones anunciadas, el Consejo de Gabinete autorizó hasta 100 millones de dólares para contrataciones especiales vinculadas con la atención de la emergencia.
Los fondos podrán destinarse a la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la ejecución de obras necesarias para reparar daños y restablecer infraestructuras afectadas.
La autorización tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el Consejo de Gabinete podrá modificar tanto el monto como el período establecido.
Las instituciones públicas deberán justificar sus requerimientos y los precios de las adquisiciones. Asimismo, los pagos se canalizarán mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, bajo los mecanismos de control y rendición de cuentas correspondientes.
Los daños todavía no tienen una valoración definitiva
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el país dispone de recursos para responder a las necesidades inmediatas. No obstante, reconoció que todavía no existe una estimación completa de las pérdidas ocasionadas por el movimiento telúrico.
Las evaluaciones continúan en viviendas, hospitales, centros educativos, carreteras y otras infraestructuras públicas y privadas. Los resultados permitirán determinar cuánto dinero será necesario para las labores de asistencia, reparación y reconstrucción.
Cada institución deberá presentar sus solicitudes ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que evaluará las necesidades antes de autorizar los desembolsos.
Organismos internacionales ofrecen respaldo financiero
La respuesta a la emergencia también cuenta con posibles fuentes de financiamiento internacional. Entre los apoyos anunciados figuran mecanismos de cooperación y créditos contingentes de la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La CAF ofreció una donación de 250.000 dólares y una línea de financiamiento de hasta 50 millones de dólares. Por su parte, el BID anunció hasta 300 millones de dólares en financiamiento contingente y 500.000 dólares en cooperación no reembolsable para asistencia técnica y evaluación de daños.
En conjunto, ambos organismos han anunciado hasta 350 millones de dólares en opciones de financiamiento y 750.000 dólares en recursos no reembolsables. Estas cifras representan opciones de apoyo anunciadas y no significan que todos los fondos hayan sido desembolsados o que los créditos estén contratados.
El Gobierno deberá decidir qué instrumentos utilizará una vez que se conozcan las necesidades reales de las zonas afectadas.
La recuperación dependerá de las evaluaciones
El terremoto de magnitud 7,5 tuvo su epicentro a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la península de Azuero, y estuvo acompañado de numerosas réplicas.
Ante este escenario, las autoridades mantienen las inspecciones y la atención prioritaria de las comunidades afectadas, con especial atención a la recuperación de los servicios esenciales.
El alcance de la dispensa fiscal, el uso de los recursos autorizados y la eventual contratación de financiamiento adicional dependerán de los resultados de las evaluaciones técnicas y presupuestarias.
Mientras continúa el levantamiento de información, el Ejecutivo busca garantizar que las instituciones cuenten con herramientas financieras suficientes para atender la emergencia sin abandonar los mecanismos de supervisión del gasto público.
