París.– Panamá, Guatemala y Micronesia han salido de una de las “listas negras” del Foro Global sobre la Transparencia Fiscal, que examina el cumplimiento en los últimos 15 meses del criterio de intercambio de información sobre demanda (EOIR).
Trinidad y Tobago es el único país que figura en esa “lista negra” por incumplir el EOIR y otras seis jurisdicciones (Anguila, Curaçao, Indonesia, San Martín, Turquía y las Islas Marshall) están en una “lista gris” por respetarlo sólo “parcialmente”, indicó hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que alberga el Foro Global.
La OCDE destacó que en los últimos quince meses se han constatado “progresos masivos”, al publicar los resultados de un examen provisional de ese estándar, dentro de la misión que le había encomendado el G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) con vistas a su cumbre que se celebrará el 7 y 8 de julio en Hamburgo (Alemania).
Los más significativos son los de Panamá, Guatemala y Micronesia, que han pasado de incumplir el EOIR a cumplirlo “ampliamente».
Otras siete jurisdicciones, que se consideraban “parcialmente» conformes con ese estándar, también lo respetan ahora “ampliamente»- Andorra, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Samoa y Emiratos Árabes Unidos. Además, otras tres que no tenían ninguna calificación -Líbano, Nauru y Vanuatu- han obtenido la de “ampliamente conformes».
La OCDE destacó el impulso global que han dado al proceso en favor de una mayor transparencia fiscal las revelaciones en la prensa de los llamados “papeles de Panamá” sobre los mecanismos de ocultación masivos en ese país.
Y a ese respecto señaló que Panamá ha tomado “acciones significativas para cumplir plenamente su compromiso de ajustarse al estándar y de corregir las fallas que se habían detectado». En concreto, además de ratificar la convención multilateral sobre asistencia mutua en materia fiscal, que entra en vigor el mes próximo, ha adoptado medidas para obligar a las empresas a conservar registros contables de al menos cinco años.
También ha clarificado la legislación para anular algunas acciones anónimas, ha reforzado la autoridades de control con sanciones “sustanciales” para los intermediarios que no cumplan con sus obligaciones de ofrecer las informaciones que se les pidan y ha empezado una limpieza de sociedades inactivas en su registro público (el proceso se ha iniciado para 250.000).
La OCDE precisó que Panamá también se comprometió en 2016 a aplicar el estándar internacional para el intercambio automático de información fiscal, es decir un mecanismo que debe activarse no sólo cuando otro país le haga una demanda específica.
