Santo Domingo.– El Presupuesto General del Estado para 2026 destinará 401,800 millones de pesos al pago de la deuda pública y el déficit fiscal, una cifra que iguala o incluso supera el presupuesto conjunto de los ministerios de Educación y Salud, lo que evidencia una preocupante prioridad del gasto estatal en detrimento de derechos fundamentales.
Así lo revela un informe publicado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Fundación Juan Bosch, que ofrece una radiografía detallada de la deuda pública dominicana, con datos actualizados hasta agosto de 2025.
El estudio señala que el 23.4 % del Presupuesto de 2026 se financiará con nueva deuda, es decir, el país tomará más préstamos para cubrir deudas anteriores, una práctica conocida como “roll over”, que profundiza la dependencia financiera.
Asimismo, el informe indica que la deuda total de la República Dominicana asciende a 74,895 millones de dólares, lo que representa un 57.5 % del Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, el país debe más de la mitad de todo lo que produce en un año.
Fondos de pensiones financian al Estado
El documento también destaca que la mayoría de la deuda está en manos de acreedores privados, no de organismos multilaterales o públicos. Esto significa que bancos, fondos de inversión y aseguradoras, tanto nacionales como extranjeros, han adquirido un poder real sobre las decisiones del Estado, convirtiéndose en actores clave en el rumbo económico del país.
AFP tienen más de 803 mil millones de pesos invertidos en deuda pública
En el plano interno, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) juegan un papel central. El informe revela que las AFP tienen más de 803 mil millones de pesos invertidos en deuda pública, ya sea del Ministerio de Hacienda o del Banco Central, lo que implica que los fondos de pensiones de los trabajadores están siendo utilizados para financiar al Estado, consolidando una relación de acumulación de poder económico y político.
En definitiva, el estudio advierte que el Estado carece de ingresos sostenibles, como una estructura tributaria justa y progresiva, para cubrir sus gastos. En lugar de abordar esta debilidad estructural, continúa recurriendo al endeudamiento, lo que favorece a sectores financieros poderosos y compromete la soberanía económica y política del país.
¿Cuánto se debe?
El estudio señala que la deuda del Sector Publico No Financiero (SPNF), que responde a los compromisos de deuda del Gobierno Central y excluye deudas de instituciones financieras, pasó de US$19,463.3 millones en 2012 a US$26,757.9 millones en 2016, para un crecimiento acumulado en el cuatrienio de US$7,294.6 millones.
En el cuatrienio 2016-2020, tuvo un crecimiento absoluto de US$17,864.5 millones, llevado en parte por las restricciones presupuestarias causadas por la pandemia de COVID-19. Por último, de 2020 a agosto de 2025, la deuda ha tenido un crecimiento de US$15,560.6 millones en términos nominales.
Sin embargo, el informe advierte que el pago de intereses y capital de la deuda depende directamente de los ingresos fiscales, que ya consumen el 20 % del presupuesto nacional, y que en los últimos ocho años han superado en promedio en un 52 % a los pagos de amortización de deuda.
Posible solución
Ante este escenario, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD y la Fundación Juan Bosch proponen un cambio de modelo fiscal. Plantean reorientar el gasto público hacia la inversión social, fortalecer los derechos ciudadanos y garantizar que las instituciones respondan al interés colectivo, y no al de quienes controlan la deuda.
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Katherine Espino
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en...
