¿Pagaría la ciudadanía por servicios de mediación?

Cuando estuve al frente por tres años y varios meses de los servicios en mediación comunitaria en el barrio Mejoramiento Social de la Tercera Circunscripción del Distrito Nacional, el comité directivo del Centro de Mediación Comunitario María Auxiliadora (CEMECOMA), dado el alto índice de demandas en mediaciones, decidió cobrar una cuota mínima a la ciudadanía para poder cubrir los gastos en personal administrativo y otros gastos para su sostenimiento.

Aunque el Centro de Mediación estaba bajo el auspicio de la Procuraduría General de la República (PGR) vía la Fiscalía del Distrito Nacional, esa institución solo amparaba ese servicio en la Conciliación y Resolución de Conflictos en materia penal, bajo el acompañamiento de una persona fiscal y una como secretaría administrativa.

Luego, para los servicios de mediación, orientación, capacitación, distribución de las convocatorias a las partes convocadas, eran responsabilidades del equipo administrativo y directivo que, de manera VOLUNTARIA, ofrecía sus servicios profesionales y técnicos a 39 comunidades de esa circunscripción, acompañando a la gente en la cultura de paz y a la cordura en sus comunidades con ofrecimientos de charlas, conversatorios y encuentros comunitarios en iglesias, escuelas, organizaciones comunitarias, clubes u otras entidades.

De manera generosa y entusiasta, la gente lo pagaba, porque sabía que ese dinero iba a ser por su causa (conflicto) y para que otras personas que pasaban por situaciones conflictivas en el barrio, con sus vecinos y con otros relacionados, contaran con la mediación para llegar a acuerdos amistosos.

En sus inicios, el equipo directivo de mediación comunitaria entendía que la gente no asumiría esa responsabilidad de sostener un proyecto que en principio se entendía era un servicio público de la Procuraduría General de la República, no comunitario y voluntario.

La gente no puso ninguna objeción. A las primeras en acudir el primer lunes de ese mes se les comunicó la decisión tomada por el equipo directivo: que, para mantener el Centro de Mediación María Auxiliadora (CEMECOMA) abierto, se requería de ellos y ellas aportar la suma de RD$25.00 por persona. Las únicas quejas planteadas en las primeras semanas eran la imposibilidad de algunos ciudadanos que externaron que no tenían dinero para pagar la cuota para su servicio, pero que la traerían en otras sesiones.

A esas personas, de todas maneras, se les ofrecían los servicios de mediación gratuitos, ya que otras hasta pagaban de más sus aportes solicitados, de manera cortés y amable.

CEMECOMA, por diligencias de las organizaciones (Codobosco, Codegua, Parroquia María Auxiliadora, Codeci, Ecog y otros espacios de coordinación) de la zona norte de la capital, no pagaba energía eléctrica, agua ni local, pero sí recursos humanos: secretaria, conserje, mensajero y teléfono. Aun a ellos, sus honorarios eran simbólicos, ya que la cantidad de dinero no se comparaba con los mismos puestos de una institución pública o privada.

Recordar que las constituciones dominicanas, cuando se plantean temas relacionados a la justicia, destacan la gratuidad de los servicios. Sin embargo, para que una persona obtenga una sentencia de un tribunal, tiene que apoderar a un profesional del derecho, pagar sus honorarios, impuestos y los llamados actos de alguacil, entre otros gastos.

Por lo que esa gratuidad es cuestionada por la ciudadanía, ya que cada movimiento que realiza la persona tiene que poseer recursos económicos para accesar a la justicia, no así a justicia (mediación).

Aunque, de otro lado, en el acceso a justicia (los servicios de mediación de conflictos), sus gastos solo se observan en los traslados desde su comunidad a los centros de mediación, ya que sus características son la gratuidad y voluntariedad.

La práctica de cobros la ejercía la secretaría del centro, la cual elaboraba un recibo como constancia de haber recibido de la persona solicitante de los servicios de mediación comunitaria los veinticinco pesos dominicanos, e inmediatamente, al final de cada día, se le entregaba al directivo tesorero los ingresos y las evidencias de pago.

Lo que sí puede ofrecerse es la mediación y conciliación pública con honorarios incluidos, no como realizan las oficinas de profesionales del derecho, muy altos y con los niveles de formación de sus mediadores, de la calidad de los públicos. Reitero la pregunta: ¿Pagaría la ciudadanía por servicios de mediación? Usted saque sus propias conclusiones.