El proceso de capitalización de la entonces Corporación Dominicana de Electricidad logró que una parte importante del país lo apoyara, bajo el entendido de que la participación del sector privado en la comercialización y generación de electricidad haría más eficiente esas áreas.
Se buscaba un servicio estable y más económico.
No se logró. Las justificaciones son abundantes, pero el resultado negativo está ahí.
La población, de eso no hay discusión, debe pagar el servicio que recibe. Pero las empresas distribuidoras tienen que cumplir su parte: sancionar al que se roba la electricidad, tener medidores para quienes lo solicitan y regularizar al que todavía está conectado. Eso implica una inversión, que fue a lo que esas empresas se comprometieron antes de volver a ser estatales.
También contribuiría a mejorar el sistema el que las empresas generadoras vendan el kilovatio hora a precios adecuados. Actualmente el cliente regulado tiene que cargar con todas las deficiencias. La persistencia de una tarifa injusta tampoco incentivará a la regularización de los usuarios.
Como se puede ver, el tema de la comercialización de la electricidad es multifactorial.
No bastan los llamados a que la gente pague, sino a que las distribuidoras y generadoras cumplan su misión y que se establezca una tarifa justa y adecuada.
