Santo Domingo.– Una de las familias más afectadas por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set que dejó un saldo de 233 personas fallecidas ha iniciado acciones legales para buscar justicia, aunque sea limitada, ante lo que consideran una “catástrofe evitable”.

La pareja compuesta por Carlos Diego Severino Rodríguez y Annis Gómez, residentes en Herrera, perdió a sus tres únicos hijos: un varón de 32 años, una joven de 28 y otra de 24.

“Eran sus únicos hijos. Ninguno tenía hijos aún. Todos eran jóvenes trabajadores, de una familia humilde y honesta. Están totalmente destrozados”, explicó el abogado Carlos Salcedo, representante legal de esta familia, en el Programa El Día.

El abogado señaló que, además de la acción penal en curso por parte del Ministerio Público, esta familia presentará una demanda civil por daños y perjuicios, que podría ascender a cientos o miles de millones de pesos.

Lea también: Antonio Espaillat revela que en 30 años nunca se examinó el techo del Jet Set

Omisiones en el Jet Set

Salcedo destacó que los responsables del centro nocturno deben responder por omisiones graves en el deber de mantenimiento, seguridad y cumplimiento de normas, pese a que el hecho califica penalmente como “homicidio involuntario” y está limitado a una pena de hasta dos años de prisión, según el Código Penal vigente.

Aclaró además que, aunque hay entre 15 y 20 víctimas que han hecho requerimientos legales, aún se está evaluando a cuántas representará.

“No es fácil. Uno es abogado, sí, pero también es ser humano. Este caso duele”, dijo conmovido.

Proceso investigativo

Aunque el Ministerio Público continúa en la fase de investigación y espera informes técnicos clave, como el del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Salcedo considera que las pruebas hasta ahora recabadas ya evidencian un patrón de negligencia y omisión de largo plazo por parte de los administradores del local.

“No se puede hablar de un crimen intencional, pero sí de una irresponsabilidad estructural. No es lo mismo un muerto que 233. Aquí fallaron muchos controles y advertencias previas fueron ignoradas durante décadas”, concluyó Salcedo.

Proceso judicial limitado

El abogado criticó la limitada respuesta penal que ofrece el Código Penal dominicano vigente, calificándolo de “insuficiente” ante una tragedia de tal magnitud. “Estamos hablando de un delito clasificado como correccional, cuya pena máxima es de dos años de prisión. Es un sinsentido frente a 233 muertes”, lamentó.

A juicio del jurista, aunque se trata de un homicidio involuntario por omisión, negligencia o imprevisión, hubo una clara falta de responsabilidad.

Lea también: Último adiós a Rubby Pérez en el Teatro Nacional

Además, mencionó que el propio Antonio Espaillat, propietario del local, habría admitido que desde hace 30 años no se intervenía la infraestructura del lugar, pese a filtraciones y otras advertencias.

“La justicia no puede comportarse según el estatus de las personas”

Salcedo también cuestionó la lentitud en el tratamiento del caso, señalando una percepción de trato desigual.

“En el Cibao decimos que todo se hace ‘a según’. Si usted es rico o pobre, si tiene poder o no. Pero la justicia no debería comportarse de forma distinta por el estatus social de nadie”.

Aunque reconoció que el Ministerio Público ha actuado con prudencia y dentro del debido proceso, aclaró que hasta ahora no le consta que el propietario del Jet Set haya sido formalmente interrogado, más allá de haberse “puesto a disposición” públicamente.

Finalmente, subrayó que, paralelamente a lo penal, las demandas civiles por daños serán “cientos, quizá miles de millones de pesos” y que será la vía donde se buscará una compensación aunque “ninguna suma podrá devolver lo perdido”.