La recién aprobada Estrategia Nacional de Desarrollo pretende que el país se haga de un instrumento jurídico que le permita caminar con un mínimo de certidumbre rumbo a la solución de los principales problemas de la sociedad.
Lo que pudiera ser una de las legislaciones más trascendentes de la historia reciente ha pasado sin mucha algarabía, quizás por el convencimiento, bien sustentado, que tiene la población de que muchas de las leyes de este tipo pasan a ser simple letra muerta.
Para sólo citar algunos ejemplos de buenas leyes no cumplidas, sin que pase nada, mencionamos la Ley General de Educación, la Ley de Municipios y el Distrito Nacional y la Ley General de Electricidad.
Sin embargo, haciendo un ejercicio de optimismo, queremos señalar la trascendencia de que se cumpla al menos con los tres pactos propuestos en la Estrategia Nacional de Desarrollo para que todas las fuerzas políticas y sociales caminen en una misma dirección consensuada.
Los pactos señalados como necesarios entre las fuerzas políticas, sociales y económicas para armonizar y lograr la Estrategia Nacional de Desarrollo son los relativos al sistema educativo, el sistema eléctrico y nuestra estructura fiscal (gastos y recaudaciones).
En tal sentido, no mienten quienes han señalado que la aplicación de la aprobada Estrategia Nacional de Desarrollo implica una reforma fiscal integral, la cual se hace muy necesaria.
Reforma fiscal que implique una reorientación del gasto público en procura de lograr los objetivos trazados de aquí al año 2030.
Las inquietudes han surgido porque siempre que se habla de reforma fiscal las autoridades, de ahora y las anteriores, se han centrado en el aspecto tributario.
Ojalá la Estrategia Nacional de Desarrollo no se convierta en otro volumen para llenar anaqueles.
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