Entre los puntos sometidos al proceso de diálogo con el liderazgo nacional se incluyó la reforma fiscal. Todos los sectores económicos coinciden en que se debe aumentar la presión tributaria.
Incluso, hay un gran retraso en alcanzar el 16 % del Producto Interno Bruto como presión tributaria que se propuso como meta la ley que creó la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Llegar a un consenso para una reforma fiscal no será fácil, fundamentalmente por la parte tributaria.
El Gobierno ha manifestado su intención de someter la calidad del gasto al escrutinio e incluso ha dado algunos pasos concretos con la eliminación o fusión de instituciones públicas.
Incluso, ha tomado medidas que aunque no tengan un impacto fiscal grande, envía un mensaje en la dirección de la reducción de los gastos superfluos.
Pero el país debe tener claro que la reforma fiscal busca poner en la mano del Estado más recursos para la inversión pública, pero también que esos recursos se gasten de manera adecuada.
En esa discusión hay un elemento que deberá ser analizado a profundidad. Es el llamado “Gasto tributario”, que consiste en las exenciones impositivas vigentes.
Algunos han planteado de manera alegre eliminarlo de un plumazo, señalando que el impacto de ese gasto tributario es del 4.4 por ciento de PIB.
Pues bien, los que asumen ese discurso superficial y populista ocultan o desconocen que la mayor parte de esas exenciones son generalizadas, es decir, que impactan de manera directa en la población.
Como bien ha dicho el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ese tema debe ser puesto sobre la mesa, pero con la conciencia de que una parte importante se aplica a personas físicas.
Esa discusión del pacto fiscal es muy amplia y requerirá de que todos los sectores pongan sus cartas sobre la mesa.
