*Por Luis Reyes
El Pacto Fiscal debe buscar por sobre todo la transparencia en el accionar del Estado. ¿Cómo? A través de la Ley de Responsabilidad Fiscal, una condición sine qua non en las negociaciones de dicho pacto. La Ley debe procurar dos elementos de amplio alcance en el desempeño de las finanzas públicas. Uno es, reglas fiscales y, el otro es, riesgos fiscales.
En términos simples, una regla fiscal es una promesa hecha Ley, por las autoridades, sobre límites máximos y mínimos en la administración de sus decisiones de ingreso, gasto y financiamiento durante al menos tres años. Por ejemplo, los gastos totales del Gobierno no excederán el 10% de incremento anual; o, el nivel de deuda pública no excederá el 60% del PIB.
Los riesgos fiscales, por su parte, son desviaciones respecto al objetivo o promesa hecha por la autoridad que por razones de causa mayor o por simple cambio de planes varió. Por ejemplo, un huracán que impactó y el Gobierno aumentó el gasto en más de un 10% por auxilio a regiones afectadas; o, producto de una pandemia, los ingresos fiscales colapsaron y se emitió deuda soberana por US$3,500 millones y esto aumentó la razón deuda sobre PIB a 62%.
Estos elementos de previsibilidad no deben excluirse por una sencilla razón, si se hace un breve análisis, se evidencia como el Estado carga con siniestros ocurridos y asumidos en forma de rescate al sistema bancario y subsidios al sector eléctrico. Esto último, se materializa en la forma de gasto público para capitalización del Banco Central y transferencias corrientes a empresas públicas, respectivamente. Más aún, los riesgos fiscales están más latentes que nunca en la forma de contratos APP, proyectos de infraestructura pública y facilidades de crédito a pequeños productores, sin dejar de lado, desastres naturales y pandemias.
Todo lo indicado arriba implica mayor o menor pago de impuestos en el presente o en el futuro. De forma análoga, ¿De qué depende que el ingreso disponible de hogares y empresas aumente o disminuya por carga tributaria? Simple, de cómo el sector público y privado decidan replantear la relación entre Estado y crecimiento económico vía el Pacto Fiscal.
Siempre se quiere más y mejor salud, más y mejor educación, más y mejor seguridad ciudadana… pues pague sus impuestos, y que el Gobierno sea claro y preciso a través de una administración pública transparente desde su planificación hasta su fiscalización. Teniendo bien claro sus límites y responsabilidades para con ello reducir a su mínima expresión el dolo y la corrupción. Con estos elementos sobre la mesa de discusión, se es más eficiente sobre el qué y el cuanto exigir de ambas partes. Al final, el Pacto Fiscal confiere más poder de decisión o al Estado o al privado.
*El autor es economista.
Socio Gerente en ECONOMYCA
