El Día 
*Por Luis Reyes
Muchas son las preguntas en torno al pacto fiscal, pero pocas las respuestas en torno al alcance e impacto al que se apunta.
En términos simples, el pacto fiscal lo que busca es encausar sobre líneas generales la relación del estado y el crecimiento económico para los próximos 20 años.
A diferencia de otros momentos, el año 2021 presenta un contexto de elevada incertidumbre por los efectos directos de la pandemia sobre el producto, la deuda pública, los ingresos y el gasto público. El producto seriamente impactado vía turismo, transporte, manufactura y comercio requerirá de un tiempo prudente hasta su reactivación que se traduzca en mayor nivel de empleos y salarios.
Mientras esto ocurre, el gobierno a través de más gasto público (y a su vez, más deuda), deberá mantener a flote el consumo y la inversión.
Con esta realidad de fondo, el gobierno es el principal interesado en poner en marcha dicho pacto. En esta versión, el gobierno siendo más proactivo deberá sobreponer los hitos alcanzados vía gasto público. En los últimos meses de 2020, se ejecutó recorte de nómina, se tercerizó el proceso de compras y contrataciones, se renegoció marginalmente deuda y se dio inicio al proceso de reingeniería de gasto público. Estas líneas de acción procurarían en el corto plazo, espacio suficiente para los programas transitorios en apoyo a hogares.
Con esta clara señal, la otra pata de la negociación se podrá introducir. Los impuestos, sin lugar a duda, se convierten en el elemento más sensible. En términos generales, se buscará un nivel de ingresos tributarios (no fiscales) cónsonos con las expectativas de gasto público de mediano plazo.
Esto abre un espectro de posibilidades que no solo apuntaría a mayores o menores tasas y bases impositivas aplicadas al ingreso, al consumo o al patrimonio, sino también a menores niveles de evasión y elusión tributaria, así como a la revisión exhaustiva del gasto tributario.
La revisión estructural del ingreso y gasto público apunta a reencausar las funciones del gobierno sobre la economía. En ese sentido, el pacto tiene como trasfondo la estabilidad y redistribución del ingreso, por sobre la asignación de recursos. Es por ello, que las decisiones que emanen de las negociaciones deben estar supeditadas al bienestar común más que al beneficio privado de grupos de interés.
La vinculación entre estado y crecimiento económico que se busca replantear en el pacto fiscal 2021, además de los elementos tradicionales de ingreso y gasto, cuenta con elementos transversales que deben procurarse de manera taxativa sobre el imperio de la Ley y, por sobre todo, la transparencia.
Esto asegurará que las contrapartes de gremios y asociaciones de hogares y empresas por ante el Consejo Económico y Social procuren estar en una posición abierta de diálogo puro y franco y con ello avanzar sobre temas nacionales que requieren cambio.
*El autor es economista. Socio Gerente en ECONOMYCA
