Asombra el nivel de irresponsabilidad con la que actúa la Superintendencia de Salud y Riesgo Laborales (Silsaril ) ante la franca violación a disposiciones que protegen a los pacientes de los abusos cometidos por los prestadores de servicios.
Este organismo, ante las muchas denuncias recogidas por EL DÍA sobre la negativa de clínicas privadas de aceptar pacientes que les llegan graves hasta tanto no les entreguen un adelanto en efectivo, ha reaccionado exhortando a los pacientes que se quejen ante sus Administradoras de Riesgo de Salud.
Pareciera que la Silsaril desconoce su rol de órgano estatal regulador y con capacidad sansionadora.
Ni hablar de la Dirección de Defensa al Afiliado, que no ha dado muestras de proacción ante casos como los denunciados.
Las excusas o justificaciones dadas por dueños de clínicas consultados son tan risibles como inaceptables, especialmente porque sus malsanas prácticas ponen en riesgo la salud y la vida de las personas.
Los prestadores de servicios reciben más del 85 por ciento de los miles de millones de pesos que se destinan al Seguro Familiar de Salud, pero parece que actúan sin mayores regulaciones por parte de los órganos de supervisión.
Los afiliados, vistos solo como clientes, están desprotegidos y eso no puede ser.
