La economía informal suele analizarse desde la óptica de la evasión fiscal o de la falta de protección social. Sin embargo, existe otro efecto, menos visible pero igualmente perjudicial: la dependencia del crédito informal, el más caro, inseguro y riesgoso del mercado.
Cuando una micro o pequeña empresa opera al margen de la formalidad, no sólo renuncia a emitir comprobantes fiscales o a acceder a programas públicos de apoyo. También pierde la posibilidad de construir un historial financiero que le permita tocar las puertas de la banca formal.
Esa exclusión la empuja hacia prestamistas informales, desde los cuales el dinero llega rápido, pero a un costo que, en muchos casos, termina haciendo inviable el propio negocio.
Se crea así un círculo vicioso difícil de romper. La empresa no se formaliza porque carece de recursos; y precisamente por no formalizarse, sólo consigue financiamiento en condiciones que absorben buena parte de sus ganancias y limitan sus posibilidad de crecimiento.
Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen una parte fundamental del tejido productivo nacional. Generan empleo, dinamizan las economías locales y representan una puerta de entrada al emprendimiento para miles de dominicanos.
Pero muchas sobreviven en condiciones precarias porque el costo del capital que utilizan es excesivamente alto.
Por eso, la formalización no debe verse únicamente como una obligación tributaria. Debe entenderse como una herramienta de desarrollo económico.
Es necesario simplificar trámites, reducir costos de entrada, facilitar el cumplimiento de las obligaciones y crear incentivos reales para que miles de emprendedores encuentren más ventajas que obstáculos en incorporarse a la economía formal.
Reducir la informalidad significa ofrecer a miles de emprendedores la posibilidad de crecer, generar más empleos y competir en condiciones más justas.
