Las playas del país serán del dominio públicco, o sea que todo el mundo tendrá derecho a bañarse o solearse en cuaquiera de ellas
menos cuando, al hacerlo, se afecte de alguna manera el derecho a la propiedad de esa playa, por parte de alguien que la haya comprado antes.
O sea, que usted tiene derecho a la playa, siempre y cuando el dueño se lo permita. Es un derecho condicionado y así lo establecerá la nueva Constitución, con razón o sin ella.
Los asmbleístas habían aprobado en primera lectura, pura y simplemente, que las playas son de todo el mundo, como debe ser, pero pocas horas después cambiaron de parecer con la misma facilidad que se cambia de camisa, y le pasaron todos los derechos a los hoteles de playa para decidir quién puede tomar un baño de mar y quién no.
Esta es otra muestra del tollo constitucional que se está realizando en la sede del Poder Legislativo, que viene a darle fuerza a la opinión generalizada de que la nueva Constitución tendrá corta vida y deberá ser revisada apenas hayan transcurrido los primeros minutos de su existencia.
