Siguiendo con los absurdos intentos de nuestros legisladores y clase política de limitar un derecho fundamental como la Libertad de Expresión, incluyeron en la Ley de Partidos Políticos una prohibición de publicar encuestas ocho días antes de las elecciones.

En primer lugar, los legisladores no tienen derecho a limitar el acceso a informaciones que tiene el ciudadano, incluyendo saber los resultados de estudios sociales o sobre preferencias electorales.

En segundo lugar, los legisladores demuestran lo desconectados que están del mundo cuando pretenden prohibir, mediante una ley nacional, el flujo de informaciones en unos tiempos en que circulan libremente desde cualquier confín de la Tierra.

Resulta imposible impedir que los dominicanos tengan acceso a informaciones producidas en otros países porque simplemente lo prohíba una ley nacional.

El internet trasciende las barreras impuestas por las fronteras jurídicas o físicas.

Esa disposición contenida en la Ley Electoral, por tanto, solo va dirigida a limitar la capacidad de informar que tienen los medios convencionales que operan desde el territorio dominicano, pero no impide que de cualquier manera resultados de encuestas lleguen a manos del elector.

Los medios de comunicación de masas convencionales de la República Dominicana se rigen por la prudencia que exige la responsabilidad que debe signar su compromiso con la estabilidad social, el sosiego y la paz.

Hace años que pensábamos superados esas limitantes absurdas, pues desde pasdos procesos la propia Junta Central Electoral eliminó las cadenas obligatorias a las que sometía a los medios electrónicos.

Los legisladores y la clase política que impulsaron estas leyes han dado muestra de su vocación autoritaria y antidemocrática, pero también de su desconocimiento de las nuevas tecnologías y su alcance.