Santo Domingo. – La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) informó que remitió al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, el anteproyecto de Ley Orgánica que crea la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética (DIGITEG), así como la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses, iniciativas dirigidas a reforzar el marco institucional de la integridad pública, la prevención de la corrupción y la transparencia en el Estado dominicano.
La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, explicó que estas propuestas forman parte de una agenda de reformas estructurales orientadas a consolidar una institucionalidad moderna, con mayores capacidades para identificar riesgos, fortalecer la integridad pública y generar confianza en la ciudadanía.
“Estamos promoviendo una estructura institucional más robusta, con normas claras y vocación de permanencia. Se trata de iniciativas elaboradas con rigor técnico y visión de Estado, que serán sometidas a conocimiento en la próxima legislatura, a partir del 27 de febrero, conforme lo establece el calendario constitucional”, expresó Ortiz Bosch.
El anteproyecto que da origen a la DIGITEG fue coordinado por la directora jurídica de la DIGEIG, doctora Delta Paniagua, con el apoyo del equipo jurídico de la institución.
El proceso contó además con la asesoría del consultor internacional doctor Richard Martínez, auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el acompañamiento de los consultores nacionales doctor Boris de León y licenciado Luis Ernesto Peña.
La DIGEIG indicó que la propuesta fue socializada y debatida junto a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE) y el Ministerio de Administración Pública (MAP), como parte de un proceso coordinado de fortalecimiento normativo y construcción institucional.
De manera complementaria, la entidad informó que se encuentra en fase de entrega de otros anteproyectos de ley considerados fundamentales para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Integridad, entre los que figuran: las leyes sobre Conflictos de Intereses en la Administración Pública y Gestión de Regalos u Obsequios; Protección al Informante, Víctima y Testigos en la Administración Pública; así como la actualización de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos Personales.
Ortiz Bosch destacó que estas iniciativas responden a una política pública integral orientada a reforzar la prevención, garantizar derechos ciudadanos y afianzar una cultura de integridad en la administración pública, reafirmando el compromiso del Gobierno con la transparencia, la ética y el fortalecimiento institucional.
Etiquetas
