Organizaciones piden Pacto Fiscal consensuado antes de reformar la administración tributaria
Santo Domingo. Ante el anuncio del ministro de Hacienda y Economía de presentar un proyecto de ley para “modernizar” la administración tributaria, varias organizaciones reiteran la disposición de la realización de un Pacto Fiscal previamente consensuado por vía del Consejo Económico y Social (CES), con la finalidad de estudiar, discutir todo lo relativo a la cuestión fiscal.
en ese sentido, las entidades saludan cualquier iniciativa orientada a mejorar la eficacia y eficiencia del sistema fiscal y a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, afirman que necesario precisar con claridad el alcance real de lo anunciado, garantizando el respeto a los derechos y orientando las decisiones hacia el aseguramiento de la justicia social.
De acuerdo con el contenido divulgado públicamente por el ministro, en una reunión con la cúpula empresarial, su administración no pretende realizar una reforma fiscal, sino cambios administrativos y la eliminación de impuestos anacrónicos que no han sido especificados.
Entre las entidades participantes están: Asociación Ciudad Alternativa, CA, Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando), Asociación de Personas con Discapacidad Fiscomotora, ASODIFIMO, Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), Centro de Investigaciones para la Acción Femenina, CIPAF, Centro de Solidaridad para el
Asimismo, también participan Desarrollo de la Mujer, Ce-Mujer, Centro Integral para el Desarrollo Local, CIDEL, Club María Auxiliadora, Coalición por la Seguridad Social Digna, CSSD, Comité de Desarrollo Comunitario 27 de Febrero (Codecofe), Comité de Desarrollo Comunitario Mejoramiento Social, Comité de Desarrollo Loma del Chivo, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA entre otros.
Manifestaron que, este camino no es democrático, contradice compromisos políticos asumidos por el gobierno y desconoce lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), que obliga a discutir este tema crucial de cara a la sociedad.
Cuando el ministro adelanta y comparte con la cúpula empresarial la intención del gobierno de producir “una reforma administrativa y de gestión tributaria orientada a simplificar procesos, digitalizar procedimientos y eliminar algunos tributos considerados obsoletos”, se vulnera la legislación que establece la necesidad de un Pacto Fiscal.
Reiteran que, organizaciones de la sociedad civil, que una reforma administrativa tributaria podría mejorar el funcionamiento del sistema, pero no modifica la estructura de los ingresos públicos ni corrige los desajustes estructurales crónicos del sistema fiscal dominicano.
Por esta razón, desde la sociedad civil advertimos que si el proyecto de ley mencionado por el ministro de Hacienda y Economía se limita a lo anunciado, estaríamos repitiendo “más de lo mismo”, imponiendo ajustes administrativos parciales que no enfrentan las causas profundas de la crisis fiscal ni los desajustes estructurales del sistema socioeconómico dominicano.
El aumento de las capacidades recaudatorias del Estado y la localización de recursos financieros gubernamentales que permitan forjar nuevas capacidades para la economía dominicana, orientadas a políticas públicas que fortalezcan derechos y promuevan justicia social, como garantiza nuestra Constitución, no puede estar al margen de un Pacto Fiscal consensuado entre la ciudadanía, el gobierno y el empresariado.
Por ello, respondemos a las afirmaciones y propuestas adelantadas por el ministro y el gobierno, tras haber sido puestas en común al margen de la sociedad, como establecen la ley y la Constitución de la República, señalando lo siguiente:
- Eliminar algunos impuestos no resolverá el problema fiscal dominicano
La propuesta del ministro de Hacienda y Economía no enfrenta el hecho de que el país tiene uno de los índices más bajos de presión fiscal de la región. Eliminar algunos tributos considerados anacrónicos puede tener sentido desde el punto de vista administrativo, pero no constituye una transformación del sistema fiscal capaz de enfrentar los desequilibrios tributarios que existen desde hace décadas y que fueron reforzados por los tratados de libre comercio.
El verdadero problema fiscal dominicano radica en factores estructurales mucho más profundos:
• El enorme volumen de exenciones fiscales corporativas e institucionales.
• Los altos niveles de evasión y elusión tributaria.
• La baja tributación sobre la riqueza y la propiedad.
• La dependencia excesiva de impuestos al consumo.
• La baja calidad del gasto público en la aplicación del presupuesto anual consolidado del Estado dominicano.
Mientras estos problemas no sean abordados de manera profesional y estructural, las finanzas públicas seguirán enfrentando debilidades profundas.
- Digitalización y modernización administrativa
La digitalización de procesos, la automatización de exenciones fiscales y el fortalecimiento de la factura electrónica pueden contribuir a mejorar la eficiencia. Sin embargo, estas iniciativas solo forman parte de una reforma administrativa y de gestión tributaria.
Podrían representar mejoras operativas, pero no transformarán la estructura tributaria ni redefinirá la relación entre ingresos públicos, gasto público, deuda pública y sostenibilidad fiscal. El país necesita no solo una administración más moderna, sino un sistema tributario más justo, equitativo y progresivo.
- El verdadero problema fiscal: exenciones y evasión
La estructura de ingresos del Estado dominicano se encuentra debilitada por dos factores principales: las exenciones fiscales masivas y los altos niveles de evasión tributaria.
Mientras la mayoría de la población paga impuestos al consumo en cada compra, numerosos sectores económicos cuentan con regímenes especiales de incentivos fiscales que reducen significativamente la base tributaria. A esto se suma una evasión considerable en impuestos clave como el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
Estos factores explican gran parte de la baja presión fiscal del país, debilitando estructuralmente las finanzas públicas.
- Rechazo a nuevas amnistías fiscales
Desde la sociedad civil expresamos nuestro rotundo rechazo a la posibilidad de incluir una nueva amnistía fiscal en el proyecto de ley anunciado.
En las últimas dos décadas el país ha aplicado cuatro amnistías fiscales, justificadas bajo el argumento de ampliar la recaudación y regularizar contribuyentes. Sin embargo, la experiencia demuestra que estas medidas terminan debilitando la cultura tributaria, premiando a quienes incumplen sus obligaciones y reforzando lógicas rentistas en detrimento de lo público.
Una nueva amnistía fiscal enviaría la señal de que la evasión puede ser posteriormente perdonada por decisión política. La República Dominicana no necesita más amnistías fiscales; necesita fortalecer el cumplimiento tributario, aplicar un régimen efectivo de consecuencias contra la evasión y construir una verdadera cultura de corresponsabilidad fiscal.
- El debate fiscal también debe incluir el gasto público
La ciudadanía tiene derecho a preguntarse:
¿Por qué el gasto público continúa dominado por el gasto corriente?
¿Por qué el empleo político sigue expandiéndose?
¿Por qué la deuda pública continúa aumentando?
El país necesita una discusión transparente sobre la calidad del gasto público, los planes de gasto de cada ministerio y la asignación presupuestaria basada en el cumplimiento de sus planes institucionales.
Asimismo, el anuncio del aumento de la inversión pública como estrategia de crecimiento económico no puede desligarse de la discusión sobre la eficiencia del gasto y la sostenibilidad fiscal. Incrementar la inversión pública sin corregir los problemas estructurales de recaudación y gasto puede reproducir las mismas debilidades fiscales históricas.
- Desajustes estructurales económicos y subsidios
Los desajustes estructurales relacionados con tarifas eléctricas, combustibles, subsidios y valores catastrales deben abordarse con criterios de:
- Justicia social
- Transparencia
- Gradualidad
Resulta una gran temeridad insinuar nuevos sacrificios para la población mientras se mantienen intactos privilegios fiscales, amplias exenciones tributarias y espacios de evasión que benefician a sectores económicamente poderosos.
- Fortalecimiento institucional
La revisión de la regla fiscal y la creación de un Consejo Fiscal autónomo pueden contribuir al fortalecimiento institucional, siempre que sus integrantes sean economistas verdaderamente independientes de intereses privados.
Sin embargo, estos cambios tampoco sustituyen la necesidad de abordar las raíces estructurales del problema fiscal dominicano.
- Nuestro compromiso y llamado desde la sociedad civil
Las organizaciones firmantes reiteramos nuestra disposición a participar en un diálogo nacional amplio, democrático y transparente sobre el futuro fiscal del país.
La República Dominicana no necesita únicamente una reforma administrativa tributaria. Necesita avanzar hacia una transformación estructural de su sistema fiscal, basada en la justicia social, la equidad tributaria y la sostenibilidad fiscal.
Exhortamos al Gobierno, al Consejo Económico y Social (CES) y, eventualmente, al Congreso Nacional, de ser apoderado el proyecto de ley mencionado por el ministro de Hacienda y Economía, así como a toda la sociedad dominicana, a abrir un proceso nacional para discutir el futuro fiscal del país.
La fiscalidad debe convertirse en una herramienta para promover el desarrollo, reducir desigualdades y garantizar bienestar para toda la población. Por ello, hacemos un llamado al ministro de Hacienda a impulsar un diálogo inclusivo y democrático.
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