El Día 
Los integrantes de las organizaciones ofrecen declaraciones a la prensa en el frente de la sede del Tribunal Constitucional, esta mañana Día Mundial del Agua.
Santo Domingo.- Organizaciones ambientalistas y climáticas visitaron al Tribunal Constitucional para depositar una comunicación exigiendo que los jueces decidan conforme a la Constitución de la República el Acuerdo de Escazú, que consiste en una legislación para América Latina y el Caribe, que garantiza el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia y la protección a los defensores en asuntos ambientales.
Las entidades alegaron que la República Dominicana tiene un compromiso moral con la ratificación de este acuerdo, siendo uno de los diez primeros países que lo impulsaron, desde la Cumbre de Río + 20, en Brasil, en el 2012.
Citaron al relator especial de la ONU en materia de medio ambiente y derechos humanos, David R. Boyd, que califica este convenio como el más importante aprobado por la organización mundial en los últimos veinte años.
El abogado ambientalista, Euren Cuevas Medina, quien fungió como vocero de las organizaciones, afirmó que a pesar de que el país suscribió el Acuerdo de Escazú hace casi cuatro años, el 27 de septiembre del año 2018, sin embargo aún no lo ha ratificado. “No sé por qué las cosas que benefician al pueblo, dan tanto trabajo para que puedan ser aprobadas por las autoridades,” exclamó.
La Coalición de ambientalistas y climáticos se queja del Tribunal Constitucional, porque tiene más de un año, con el Acuerdo de Escazú engavetado, cuando la Ley 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, en su artículo 56 dispone que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de los tratados internacionales a más tardar en treinta días. “Plazo.
El Tribunal Constitucional decidirá sobre la constitucionalidad o no de los tratados internacionales suscritos dentro de los treinta días siguientes a su recibo y al hacerlo, si considerare inconstitucional el Tratado de que se trate, indicará sobre cuáles aspectos recae la inconstitucionalidad y las razones en que fundamenta su decisión”.
Dijeron los reclamantes que el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución y está violentando su propia ley, lo que deja muy mal parado al sistema de justicia dominicano y sobre todo al estado de derecho, que es lo que garantiza la paz y el desarrollo sostenible de la nación.
Los ambientalistas amenazaron con hacer un piquete semanal ante la sede del Tribunal Constitucional si el alto tribunal no emite una decisión sobre este convenio en las próximas semanas.
Destacaron el hecho de que el Acuerdo de Escazú entró ya en vigencia y la primera Conferencia de las Partes se celebrará el próximo 22 de abril, Día Mundial de la Tierra.
“Es una lástima que la República Dominicana que ha sido de los países pioneros en impulsar este tratado se haya quedado fuera del concierto de naciones democráticas que han transparentado el aprovechamiento de los recursos naturales mediante este instrumento”, se lamentaron.
Entre las organizaciones y personalidades que asistieron a la actividad están la Coalición por la Ratificación del Acuerdo de Escazú, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, la RED Nacional por la Resistencia y Remediación al Daño Ambiental, la Coalición Ambiental Este, el diputado al PARLACEN, Carlos Sánchez, entre otros.
