El Día 
Foto de archivo.
SANTO DOMINGO.- Varias organizaciones exigieron al Gobierno dominicano respetar, promover y proteger los derechos humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la Sentencia TC-169-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y a tomar las medidas necesarias para garantizar su derecho a la nacionalidad y la no discriminación.
Señalaron que hace una década, el Tribunal Constitucional despojó de su nacionalidad dominicana a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2010. Dijeron que las medidas posteriores adoptadas por el Estado, principalmente a través de la Ley 169-14 que buscó proveer una vía a la regularización y a la nacionalidad para las personas afectadas, no han sido eficaces.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Dominican@s por Derecho, Red Jacques Víau y Robert F. Kennedy Human Rights precisaron que a lo largo de esta década, el racismo y la discriminación racial persisten y por lo que quienes están afectados siguen sufriendo los efectos negativos de la desnacionalización, y los mecanismos adoptados por el Estado para ayudar a remediar los efectos de la Sentencia no han sido debidamente implementados.
«Sólo en 2022, se llevaron a cabo numerosas detenciones arbitrarias y deportaciones masivas sin el debido proceso. Entre enero y noviembre de 2022, más de 136 mil personas fueron expulsadas a Haití, entre ellas 1.800 niñas y niños no acompañados y 300 mujeres embarazadas. Durante esta década, la sociedad civil local e internacional, así como diversos organismos internacionales de derechos humanos han condenado la práctica racista del Estado dominicano de impedir el derecho a la nacionalidad a personas de ascendencia haitiana», enfatizaron las organizaciones en un comunicado.
Subrayaron que a lo largo de los años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y varios Relatores Especiales de la ONU han denunciado «las múltiples violaciones de derechos humanos» que alegadamente ha ejecutado la República Dominicana por discriminar racialmente, detener arbitrariamente, impedir el acceso a la salud y expulsar a personas dominicanas de ascendencia haitiana. Asimismo, expresaron que diversas redes y organizaciones de la sociedad civil no han cesado en la denuncia de estos hechos, a pesar de los riesgos a los que se enfrentan.
«En el décimo aniversario de la Sentencia TC-168-13, reiteramos nuestro llamado al Estado Dominicano para eliminar la práctica sistemática de racismo y discriminación racial, cesar las detenciones arbitrarias y expulsiones de personas dominicanas de ascendencia haitiana, y en su lugar implementar un proceso accesible y eficaz para recuperar la nacionalidad, y garantizar el pleno goce de los derechos humanos», sostuvieron.
