Santo Domingo.- Las organizaciones sociales de la provincia Hermanas Mirabal rechazaron las garantías económicas impuestas como medidas de coerción a los casos de violencia de género ocurridos en los últimos años.
A través de un comunicado, las organizaciones expresaron su preocupación «por la infausta noticia de que jueces han aprobado que un personaje que asesino’ miserablemente a su pareja con 297 puñaladas , le hayan cambiado la medida de coerción, de la prisión merecida por una garantía económica. Eso es penoso , poco ético , y merece una profunda investigación».
«En nuestra provincia Hermanas Mirabal se le otorga garantía económica al 84 % de los casos de agresiones, puñetazos y maltrato a las mujeres. Es muy lamentable y llora ante la presencia de Dios, que haya jueces que se presten a tan cuestionada práctica de negación de justicia, o que permite darle valor monetario a los maltratos a las mujeres, y que las hace cada vez más vulnerable».
Criticaron el caso en que la Corte de Justicia de San Francisco de Macorís le varió la medida de coerción a una garantía económica a Belarminio Polanco, quien mató a Dianelba Santana y Leticia Liriano Ortiz, y sigue prófugo tras 30 años del asesinato.
En el comunicado firmaron Nurys Vásquez, directora del Centro de Atención a la Víctima; Linabel González, directora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer; Nathalia Torres, directora de la Casa de la Juventud; Lourdes Henríquez, coordinadora del Fondo Solidario con las Víctimas de Violencia de Género; Jaime David Fernández Mirabal, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la provincia Hermanas Mirabal.
Así como también Luciano Bertozzo, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (filial Hermanas Mirabal); Luis Díaz Maldonado, Presidente de la Asociación de Acción Comunitaria y Clara Luz García, directora del Centro Jurídico para la Mujer.
