Diversos organismos de derechos humanos urgieron este fin de semana a la comunidad internacional a reforzar las acciones diplomáticas y judiciales contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y consolidar un modelo de represión sostenida desde 2018.
La petición fue liderada por el colectivo 46/2, conformado por más de una veintena de entidades humanitarias de la región, entre ellas Cejil y Raza e Igualdad, que elevaron un llamado formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El grupo respalda el trabajo del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que documenta desde hace seis años detenciones arbitrarias, torturas y despojo de nacionalidad contra cientos de ciudadanos.
Los defensores exigieron a los Estados miembros de la ONU “utilizar todos los mecanismos disponibles de justicia internacional” para frenar la impunidad y restaurar el Estado de Derecho. Argumentan que la dictadura nicaragüense ha instaurado una política sistemática destinada a eliminar cualquier forma de disidencia, con un aparato estatal que utiliza la justicia, la policía y los medios de comunicación para consolidar el control total.
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El más reciente informe del Grupo de Expertos advierte que las violaciones de derechos humanos en Nicaragua se han vuelto estructurales. El presidente del organismo, Jan-Michael Simon, señaló ante la Asamblea General que la represión ha deteriorado la reputación internacional del país y ha generado un clima de miedo incluso entre los exiliados.
Entre los hallazgos más graves se encuentra la privación de nacionalidad a 452 personas —activistas, periodistas y opositores—, un acto que la ONU considera un método de persecución política. A esto se suma el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica en junio de 2025, lo que constituye el cuarto ataque documentado contra disidentes nicaragüenses en el exilio.
Mientras tanto, el régimen intenta proyectar una imagen de clemencia. Este sábado, el Ministerio del Interior anunció la excarcelación de 1,000 presos comunes bajo el régimen de convivencia familiar, elevando a 8,400 los liberados en lo que va del año. No obstante, organizaciones civiles denuncian que ninguno de los presos políticos ha sido beneficiado con estas medidas.
Expertos consideran que estas liberaciones buscan distraer la atención internacional de los crímenes documentados y mejorar la imagen del gobierno ante la ONU. Sin embargo, los defensores insisten en que las cifras oficiales y los gestos de aparente apertura no pueden ocultar la persecución sistemática contra la sociedad civil.
“El pueblo nicaragüense sigue viviendo bajo un régimen de terror que trasciende sus fronteras. La comunidad internacional debe actuar antes de que la represión se normalice”, advirtió Reed Brody, experto en justicia internacional.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
