Panamá.– El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), que lleva casi un año viviendo en EEUU, se enfrenta a una orden de detención provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá que reclama su presencia para llevarlo al estrado por supuestas escuchas ilegales durante su Gobierno.
La decisión, calificada como un precedente grave por la defensa del exmandatario y como histórica por víctimas de las escuchas que esperan se tramite pronto ante las autoridades norteamericanas, convierte a Martinelli en el primer expresidente de la historia democrática panameña en ser requerido por la Justicia.
La medida fue tomada por el pleno de la Corte tras una maratoniana audiencia de control, oral y pública, realizada dentro del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
En la audiencia, que comenzó este lunes poco después de las 15.00 hora local (20.00 GMT) y finalizó cerca de las 22.40 hora local (03.40 GMT del martes) los magistrados debían decidir si autorizaban la detención de Martinelli, como solicitó el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz, y querellantes. Díaz acusa a Martinelli de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y delitos contra la administración pública, que suman 21 años de cárcel.
En algo más de cinco horas el pleno de 9 magistrados de la CSJ deliberó y decidió la detención provisional, “con fundamento en la declaratoria de rebeldía en firme dictada el 11 de diciembre” pasado por el juez de garantías, Jerónimo Mejía, por no asistir a una audiencia a la que fue citado por las escuchas ilegales a más de 150 personas.
“Es notorio que la actitud asumida” por Martinelli “de sustraerse de la jurisdicción nacional (…) atenta contra el normal desarrollo del proceso que se le sigue” por el caso de las escuchas, argumentó el pleno, que autorizó al magistrado juez de garantías del caso, Jerónimo Mejía, para que ejecute la medida cautelar.
En opinión del pleno de magistrados, “existe una clara justificación para que el Estado agote las medidas procesales para que asegure la presencia ante los estrados nacionales” del expresidente, que se encuentra ahora en Estados Unidos, según sus abogados.
Para la defensa, la orden de detención es injustificada porque el magistrado fiscal Díaz presentó un escrito de acusación sin haber imputado antes al expresidente, un error procesal según la docena de abogados del exmandatario, de los cuales algunos abandonaron la audiencia sin escuchar la decisión.
Un portavoz del grupo, Carlos Carrillo, dijo a los periodistas que los magistrados con su decisión “han sentado el precedente de que a una persona pueda ordenársele su detención sin siquiera haberle notificado los cargos».
Carrillo indicó, sin embargo, que respetan el fallo de la corte que ordena la detención provisional del exmandatario, pero lamentó que al Sistema Penal Acusatorio se le exponga a esta irregularidad. Lo que queda ahora, según el letrado, “es seguir exigiendo que se respete el debido proceso (…) aunque se han roto los parámetros procesales; se ha tomado una decisión, tenemos que respetarla, y seguiremos agotando todos los recursos” necesarios.
Así, señaló que “ante el peligro inminente de una orden de detención sin haberse notificado imputación alguna” la defensa recurrirá a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Carrillo consideró que para la defensa la decisión de hoy no es un revés, porque “la que pierde es la justicia”, y aseguró que “no existe una prueba que vincule a Ricardo Martinelli con un hecho ilícito».
Por otro lado, dijo desconocer si Martinelli va a regresar al país y que de momento no hará declaraciones al respecto por la confidencialidad que tiene derecho a tener con su defendido. El constitucionalista Miguel Antonio Bernal, una de las 150 víctimas de los pinchazos telefónicos y querellante en este caso, dijo a Efe que “definitivamente es una decisión histórica porque nunca antes se había tenido la oportunidad en Panamá de iniciar un proceso a quien ha violentado un derecho tan importante como es el derecho a la intimidad».
Bernal añadió que ahora corresponde al magistrado juez de garantías solicitarle a la Cancillería panameña que proceda a pedir a las autoridades estadounidenses “la detención y la remisión a Panamá del señor Martinelli». Agregó que ha sido un “paso determinante” y que también le tocará al juez de garantías atender la otra solicitud expresada por los querellantes sobre la retención del pasaporte de Martinelli.
“Creo que la población panameña tiene que mantenerse vigilante y muy atenta para que no se vayan a dar alteraciones en el transcurso porque existen un sinnúmero de factores reales de poder que van a tratar de evitar que Martinelli pueda ser presentado ante la justicia panameña, que es lo que ha debido hacer desde el primer momento”, aseguró.
En las inmediaciones de la Corte, un grupo de adeptos al partido del exmandatario, Cambio Democrático, vitoreó su nombre y mostró su solidaridad ante lo que consideran un proceso “amañado».
Martinelli, un magnate de 63 años con variados intereses económicos, dice ser un “perseguido político” del actual Gobierno de Panamá, que dirige quien fuera su vicepresidente Juan Carlos Varela, debido a que la Justicia le ha abierto al menos seis expedientes por diversos delitos de corrupción.
El expresidente salió de Panamá el pasado 28 de enero, cuando el Supremo abrió la primera causa penal en su contra, por un caso de compra con supuestos sobrecostes de alimentos a través del gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN).
