SANTO DOMINGO.- El pliego de condiciones para la licitación del proyecto de “modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica” fue manipulado para favorecer a Transcore Latam S.R.L., adaptando los requisitos a la medida de la empresa, de acuerdo a la orden de arresto emitida por el Ministerio Público.
Entre las modificaciones realizadas a la licitación por la estructura de corrupción del Intrant están que inicialmente, se exigía una experiencia mínima de 15 años, pero este requisito fue drásticamente reducido a solo 1 año. De igual forma, el número de controladores a nivel mundial requerido pasó de 15,000 a 1, y el mínimo de intercepciones se redujo de 40,000 a 1, señala el documento.
«Estos cambios fueron parte de una estrategia deliberada para facilitar la participación de la empresa en el proceso de licitación», dijo.
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Además, la vigencia del contrato también fue objeto de modificaciones, ya que originalmente, se estipulaba que comenzaría a regir desde la certificación de la Contraloría General de la República; sin embargo, se alteró para que la vigencia iniciara con la firma del contrato,
estableciendo un plazo de 5 años.
«Estas enmiendas fueron impulsadas por Samuel Baquero, quien, a pesar de ser el jefe de peritos, trabajó en conjunto con Hugo Beras y Frank Rafael Atilano Díaz Warden para llevar a cabo estas irregularidades».
Agrega que la directora de planificación y desarrollo del INTRANT no fue convocada para participar en las modificaciones, a pesar de su papel como miembro del comité de compras.
«La enmienda al pliego de condiciones no contaba con la firma de todos los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, sino solo con la de Félix Rubén Reynoso Calderón, quien fue instruido por Rafael Atilano Díaz Warden para proceder sin la aprobación del comité.
Irregularidades al proyecto
De acuerdo al documento, en mayo de 2022, Jochi Gómez adquirió el dominio Transcore.com,do y usurpó la identidad del ciudadano alemán Jörg Brinkmeyer para crear fraudulentamente Transcore Latam S.R.L.
Señala que posteriormente, utilizando correos falsos, solicitó a un abogado registrar la empresa en la República Dominicana y en julio de 2022, registraron Transcore Latam S.R.L. en la Cámara de Comercio de Santo Domingo.
Refiere que luego de registrar fraudulentamente la empresa Transcore Latam S.R.L., el imputado Pedro Vinicio Padovani Báez renunció a su puesto como encargado del Centro de Control de Semáforos del INTRANT el 30 de junio de 2022 y comenzó a trabajar directamente con José Ángel Gómez Canaán (Jochi).
«Esta decisión coincidió con los cambios en la dirección del INTRANT, ya que el 15 de agosto de 2022, Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez fue designado como director ejecutivo, en sustitución de Rafael Arias. Con la llegada de Hugo Beras, el proyecto amañado fue temporalmente suspendido para incluir a las nuevas autoridades en la conspiración», dice el documento.
Sostuvo que Beras designó a Frank Rafael Atilano Díaz Warden como coordinador de despacho y su representante en el comité de compras del INTRANT, que también incluyó a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann, Martha Morillo De León, y Filias Bencosme Pérez.
«Durante su gestión, Hugo Beras y su equipo elaboraron el Plan Operativo Anual (POA) y el presupuesto para 2023, aunque sin asignar fondos para proyectos de gran envergadura económica o infraestructural. El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) estimó RD$ 808,811,058.24 para las compras totales del año, incluyendo RD$ 413,536,800.20 destinados a licitaciones públicas. Sin embargo, la “modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica” estaba presupuestada en solo RD$ 104 millones en el POA.
Explica que a pesar de la falta de fondos asignados, en enero de 2023, Beras, en coalición con Frank Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, y José Ángel Gómez Canaán (Jochy), establecieron una «asociación criminal» para desviar fondos.
Resaltó que aunque el POA original asignaba RD$ 104 millones, el monto del proyecto fue aumentado sin justificación a RD$ 1,200 millones, un aumento del 1,053%.
«Este cambio fue realizado por la Dirección de Planificación y Desarrollo, dirigida por Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann, bajo el mandato directo de Hugo Beras»precisa la orden de arresto.
Narra que en enero de 2023, Beras solicitó al director administrativo y financiero Juan Francisco Álvarez Carbuccia, y a través de Frank Atilano Díaz Warden, coordinar la contratación del proyecto, Sin embargo, no existía documentación técnica ni financiera que justificara el costo del proyecto.
Manifiesta que el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, a través del acta núm. 0002-2023 del 17 de febrero de 2023, autorizó la licitación para la “modernización del sistema de tráfico”, y designó a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda como coordinador de los peritos, lo que comprometió la imparcialidad del proceso.
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