Santo Domingo. – El Instituto Oncológico Regional del Cibao enfrenta una deuda de aproximadamente 750 millones de pesos con laboratorios farmacéuticos, heredada de la gestión anterior encabezada por el ingeniero Héctor Lora.
Así lo reveló el actual presidente del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, Iván Mercader, quien además afirmó que el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) también alcanzó al centro asistencial, donde según indicó, “se instaló una oficina dedicada exclusivamente al cambio de indicaciones médicas”.
En ese sentido, explicó que la trama consistía en alterar las órdenes de estudios de pacientes afiliados a la aseguradora estatal, a la que definió como el principal sostén económico de la entidad, con el objetivo de agregar procedimientos innecesarios y facturarlos al seguro.
“Venía una indicación de cualquier sitio, se cambiaba y se agregaban otros estudios que el paciente de Senasa no necesitaba ni ameritaba. Había un médico nombrado únicamente para eso”, enfatizó el galeno durante una entrevista en el programa El Día, transmitido por Telesistema.
Mercader también denunció que la administración anterior operaba bajo un control absoluto y unipersonal, en violación a los estatutos que exigen elecciones cada dos años. Según explicó, dicha gestión se mantuvo en el cargo durante siete años sin celebrar asambleas y eliminó las figuras del tesorero y del secretario.
Asimismo, reveló la expulsión de la rama femenina de la institución con el propósito de desviar fondos hacia entidades privadas creadas de manera paralela, como la denominada “TócateRD”, así como otras sucursales en Montecristi, Dajabón y Tamboril.
Acusaciones penales
El abogado de la institución, Johan Newton López, calificó la estructura de la gestión pasada como una “organización tipo mafia siciliana”, en la que el núcleo familiar del expresidente controlaba todas las áreas clave, incluyendo a su exesposa, quien fungía de manera simultánea como auditora y vicepresidenta.
Entre las irregularidades detectadas se describe una triangulación comercial: el oncológico importaba papel libre de impuestos para venderlo a una compañía privada vinculada al exdirector, la cual luego revendía el mismo material al centro médico a precios exorbitantes.
Actualmente, el proceso legal se centra en cargos penales como lavado de activos, abuso de confianza agravado y enriquecimiento injustificado de los imputados, quienes —según la acusación— poseen villas y apartamentos que no se corresponden con sus ingresos iniciales.
Mientras avanza la investigación, la defensa de los acusados ha interpuesto oposiciones para bloquear las cuentas del oncológico, lo que ha dificultado el pago de la nómina de 400 empleados, en un presunto intento de generar caos administrativo.
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