Estoy convencido de que el presidente Luis Abinader, distinto a otros, actúa más por convicción que por conveniencia.

Hasta ahora no podemos decir que haya buscado o usado el carguito para beneficiarse él o su círculo familiar. Eso es bueno.

Sin embargo hay en él una acentuada tendencia a privilegiar la participación del sector privado en cosas que -por su naturaleza- es mejor que sean controladas por el Estado, cuya misión y razón deberían ser siempre garantizarle a sus ciudadanos derechos a servicios esenciales como salud, educación, el agua, electricidad y el transporte.

Esto tiene su explicación en su propia condición de empresario exitoso, al igual que varios de sus funcionarios más cercanos. Pero además de empresario, Abinader tiene una condición de político, cuya inclinación debe ser a lo social a privilegiar los intereses colectivos por encima de los particulares.

Un gran problema tener el corazón partido en dos sin ser Alejandro Sanz, sin ser artista, siendo apenas Presidente de la República.

Por razones de tiempo y espacio dejo para otro artículo los temas del agua, salud y electricidad, para referirme, de manera exclusiva, al transporte, el más caótico y angustiante de todos los servicios, al menos en Santo Domingo y Santiago.

Pues sucede que la fórmula del actual gobierno para solucionar ese problema es conceder mediante un fideicomiso ciertas rutas a “cooperativas” de choferes para que sean estos los que garanticen el servicio eficiente, cómodo y seguro que todos deseamos. Parece sensato.

Sin embargo llama la atención que el Estado se deshaga voluntariamente del control de este servicio y deje el mismo en manos de particulares, en lugar de fortalecer a la estatal Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa). Mediante la figura del Fideicomiso, el gobierno le entrega rutas ya establecidas a grupos de choferes al tiempo que saca los autobuses de la Omsa en determinados corredores. Ya van tres.

Es posible que con este caso se haya destapado una caja de Pandora y que mientras se busca una solución a un problema simultáneamente se esté generando otro de magnitud impresionante.

Al margen de los intereses y las malas artes que allí se mueven, el Estado está en el deber de poner fin al caos, la inseguridad e ineficiencia que caracteriza el transporte en la mayoría de las rutas.

No obstante, parece que el gobierno de Luis Abinader prefiere “vender” la Omsa por libra y a precio de vaca muerta; y quizá esté haciendo con los choferes el negocio del capa perros, o peor aún: alimentando alacranes, olvidándose de la verdadera naturaleza de estos depredadores.