Los publicistas oficiales destacan acertadamente que el Gobierno muestra enorme interés en el debate mundial sobre transporte sostenible, al abrir aquí un Diálogo Regional de Políticas Públicas sobre Transporte, como inicio de la membresía dominicana en el International Transport Forum, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Ministros, expertos y líderes del hemisferio tienen como anfitrión al Ministerio de Obras Públicas, que junto con la OPRET construye importantes infraestructuras viales.
Pero aunque centupliquen las inversiones en carreteras, puentes, túneles, elevados, trenes o teleféricos o hasta teletransportadores como los de Star Trek, el esclerótico caos del transporte público y tránsito no mejorará sin atacar su causa raíz: la falta de consecuencias judiciales al violar las leyes.
Es paradójico que al mismo tiempo que el BID y Obras Públicas realizan aquí su diálogo, nuestro país logró la mayor mejoría en el Índice de Imperio de la Ley del centro de pensamiento independiente World Justice Project, fundado en 2006 por la American Bar Association (Colegio de Abogados de Estados Unidos).
Según el WJP, el avance institucional de la Justicia e imperio de la ley nos coloca en la posición 76 entre 143 países evaluados, con Estados Unidos en la 27 y China la 92. Por octavo año consecutivo, la legalidad ha menguado en el mundo. Entre nosotros, la impunidad de las mafias del transporte y su flagrante irrespeto de las leyes de tránsito no es asunto de obras públicas, sino de policía y dura macana legal.
Ningún diálogo sustituye esta triste realidad: motoristas, voladoras, guaguas y camiones son dueños de
calles, avenidas y carreteras.
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