Cuando nuestra primera conversación parecía concluir, mi agudo y ocurrente sobrino siguió, durante buen rato, postulando no solo por la extradición hacia RD de los jueces de la Corte IDH, sino, además, propugnando por idéntico tratamiento para los señores del Acnur y de la inefable Amnistía Int’l, quienes incurren, de consuno, en las mismas falsedades de que aquellos acusan cíclicamente al país.
Y en verdad, se necesita tener deseos de mentir para afirmar que aquí hay apatridia, apartheid, racismo, violación de DDHH y otros trastornos sociales.
Sediento de respeto para su país, el temerario sobrino extendió sus inquietudes más allá de la OEA, y, sin esconder su enojo, me dijo: “tío, quienes vivimos aquí sabemos perfectamente de las carencias que nos afectan, y reconocemos que nuestra RD padece de diversas dolencias, pero, aunque cada país sufre las suyas propias, las nuestras son amplificadas maliciosamente por unos expertos, extranjeros y criollos, que se dedican a destacarlas como las peores del mundo”.
“Para eso –apunta- en los últimos años han aparecido unos tipos a los que se les llama ‘cientistas sociales’ cuya labor consiste, supuestamente, en diagnosticar las causas de los malestares que aquejan a la sociedad sectorialmente así como en planificar supuestos correctivos al respecto.
“Ciertamente –continuó diciendo-, muchos de dichos ‘cientistas’ son profesionales serios y confiables, pero otros parecen esclavos de una inclinación viciosa. Estos egresan generalmente de unos cursos sucintos, ideados casi siempre por organismos internacionales y programados con objetivos geopolíticos bien definidos.
“A diario leemos en la prensa –apuntó- que el representante de tal o cual agencia extranjera afirma, pero sin presentar las pruebas, que República Dominicana ocupa el primero o el segundo lugar en América o en el mundo en tal o cual flojera. Pero tampoco explican el método aplicado en la presunta investigación en que fundan sus opiniones”.
Por esa razón, otro de mis ocurrentes sobrinos intervino en la conversación para expresar que a dichos “expertos” debiera exigírseles, por ley, la presentación del estudio en que fundamentan sus afirmaciones so pena de hacerse pasibles de encausamiento judicial por difundir informaciones falsas, o sin pruebas, que atentan contra la imagen externa y contra la paz interna de la república.
