SANTO DOMINGO. – La brasileña Odebrecht, envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente, encontró en República Dominicana un lugar propicio.
Tanto, que la empresa trasladó su oficina de gestión de sobornos a la nación caribeña, donde funcionarios locales se beneficiaron con casi 100 millones de dólares.
Sin embargo, cinco meses después de que fue revelado el esquema de sobornos, nadie en el país caribeño ha sido castigado, ni siquiera identificado, como beneficiario de las millonarias coimas, lo cual ha generado indignación tanto en grupos civiles como políticos.
Los críticos esperan que al menos el silencio termine el viernes, cuando se espera que la compañía entregue a la Procuraduría los nombres de los beneficiarios como parte de un acuerdo mediante el cual el gobierno renuncia a procesar a los ejecutivos de la compañía y le permite continuar sus operaciones en el país.
De acuerdo con documentos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense, ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado unos 788 millones de dólares a funcionarios de 10 países de América Latina y dos de África para conseguir contratos millonarios con los gobiernos.
En República Dominicana, a partir de 2001, Odebrecht distribuyó 92 millones de dólares en sobornos para obtener 17 contratos de construcción de carreteras, presas y una termoeléctrica. Uno de los principales implicados trabajó como asesor del presidente Danilo Medina en sus dos campañas electorales.
Cuando comenzó a sentirse acosada por la investigación judicial que inició Brasil tras descubrir los millonarios sobornos, Odebrecht trasladó a República Dominicana en octubre de 2014 el llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, que en realidad era la oficina de gestión de las coimas.
La razón de ese traslado fue «seguridad, principalmente seguridad empresarial», argumentó Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, director de ese despacho, según su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil.
El procurador general Jean Alain Rodríguez, miembro del comité central del partido gobernante, suscribió en enero un acuerdo con ejecutivos de Odebrecht mediante el cual la compañía podrá continuar sus operaciones en el país y sus ejecutivos no serán acusados judicialmente, a cambio de información que permita procesar a funcionarios locales y una multa de 184 millones de dólares que serán pagados en un periodo de ocho años.
Es el primer acuerdo de ese tipo que la compañía logra suscribir con un gobierno fuera de Brasil. Se trata de un «acuerdo de impunidad», consideró Manuel Robles, miembro del grupo civil Marcha Verde, creado en medio de las protestas callejeras en demanda de una investigación independiente de los sobornos y castigos a los implicados.
El procurador Rodríguez aseguró que la lista de sobornados será entregada por Odebrecht el 19 de mayo, aunque los activistas de la Marcha Verde y otros grupos desconfían que se conozcan a todos los implicados. «Para Odebrecht, República Dominicana no fue un país cualquiera», comentó Robles.
«El pueblo dominicano ha sido vilmente afectado por una empresa mafiosa en complicidad con políticos, con funcionarios ladrones».
Desde que comenzó a operar en República Dominicana en 2001, Odebrecht suscribió 17 contratos por un monto total de unos 5.000 millones de dólares, cerca del 7% del PIB local en un país donde la gran mayoría gana menos de 200 dólares al mes.
«Aquí hay ruta del dinero, debe haber registros, debe haber información», consideró Rosalía Sosa, directora del grupo civil Participación Ciudadana, que reclama una investigación más profunda por parte de la Procuraduría.
De los 17 contratos, 15 fueron suscritos en las cuatro administraciones consecutivas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del que forma parte el presidente Danilo Medina y que es encabezado por el exmandatario Leonel Fernández.
La popularidad del PLD se debe en parte a que el país ha tenido el mayor crecimiento económico de América Latina durante la última década y a sus extensos programas de asistencia social.
Fernández se ha abstenido de hablar sobre los sobornos, sin embargo, Medina defendió en febrero el acuerdo que impide procesar a los ejecutivos de Odebrecht.
Entre los contratos de Odebrecht se encuentra la obra insignia del gobierno de Medina: una planta termoeléctrica de carbón que con una inversión de unos 2.000 millones de dólares generará 720 megavatios.
La termoeléctrica de Punta Catalina, 60 kilómetros al oeste de Santo Domingo, fue licitada en 2013 en medio críticas de grupos ecologistas y cuestionamientos de la sociedad civil y partidos de oposición que aseguraron que la obra fue sobrevaluada en al menos 600 millones de dólares.
Odebrecht ganó la licitación, pese a que presentó la oferta más cara y más de 500 millones de dólares por encima del límite que había establecido el Congreso.
Ante la presión de la sociedad civil, Medina creó en enero una comisión para investigar la licitación. «Tengo absoluta certeza de que el comité de licitación y los equipos técnicos hicieron un proceso transparente; realizaron una asignación justa al que ganó, al que hizo la mejor oferta», aseguró Rubén Bichara, director del organismo rector del sector eléctrico.
La planta está prevista que comience a funcionar este año. Otros de los aspectos que los grupos civiles exigen investigar es la vinculación de Medina con el mercadólogo Joao Santana, una de las figuras claves en el esquema de sobornos.
Santana fue estratega de la campaña electoral de Medina en 2012 y trabajaba en el proyecto reelecionista del mandatario cuando se ordenó su arresto en Brasil en 2016. También fue estratega electoral de los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva, Dilma Roussef, en Brasil; Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela, y Mauricio Funes, en El Salvador.
Ramón Peralta, ministro de la Presidencia, aseguró en abril que cuando las investigaciones concluyan quedará demostrado que las campañas electorales de Medina no recibieron dinero de la empresa brasileña. «Nosotros financiamos nuestra propia campaña y a Joao Santana lo pagamos nosotros», insistió Medina en marzo.
Mientras en República Dominicana no se conocen los nombres de ninguno de los implicados en los sobornos, en Brasil, Colombia, Panamá y Perú las investigaciones han generado cientos de acusaciones, incluidas contra expresidentes.
La Procuraduría peruana investiga a tres expresidentes, ha enviado a prisión a cinco funcionarios y emitió orden de arresto contra el exmandatario Alejandro Toledo, hoy prófugo, por presuntamente recibir unos 20 millones de dólares. Según las autoridades judiciales, otros 100 funcionarios podrían ser procesados.
En Venezuela, donde Odebrecht distribuyó 98 millones de dólares en sobornos, las autoridades congelaron los bienes de la empresa, allanaron sus oficinas en Caracas y pidieron información sobre las transacciones a los gobiernos de Brasil y Suiza.
Aunque algunos testigos han implicado ante las autoridades de Brasil al presidente venezolano Nicolás Maduro, ni el mandatario ni el gobierno han comentado de forma pública sobre esos testimonios.
En Ecuador, donde la compañía pagó unos 33,5 millones de dólares en sobornos, el gobierno detuvo a un empresario y a un ex ministro de electricidad vinculados a los sobornos, y comenzó a revisar los 30 contratos suscritos con Odebrecht desde 1990. Debido al escándalo, la compañía no puede operar en ese país.
