Empezamos admitiendo que desconocemos cuáles complicaciones legales pudieran estar de por medio, pero nos resulta chocante saber que aún el Estado dominicano tenga contratos vigentes con la empresa constructora brasileña Odebrecht o con sus continuadores jurídicos.
El presidente Luis Abinader anunció hace varios días que instruiría dar los pasos para dejar sin efectos esos contratos.
La empresa protagonista del mayor escándalo de corrupción transnacional que se recuerde en América Latina ha mantenido vigentes sus contratos en República Dominicana, pese a haber admitido el pago de sobornos para conseguir las adjudicaciones.
A lo mejor se trató de una decisión estratégica de las autoridades nacionales para terminar la central termoeléctrica Punta Catalina.
Pero hasta en eso la empresa actuó de forma cuestionable, pues requirió un sobrepago superior a los 700 millones de dólares sobre lo contratado originalmente, lo cual obligó a ir a un arbitraje o conciliación.
En la actualidad el Estado dominicano tiene en la justicia a los acusados de haber recibido el admitido soborno.
Está en curso otra investigación derivada del primer caso. Ahora también se ha puesto en marcha el intento de dejar sin efecto los contratos vigentes.
Parece que habrá Odebrecht para rato.
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