El Estado dominicano en su conjunto tiene la obligación de darles seguimiento a dos casos de corrupción internacional originados en Brasil y que tocan de manera contundente a República Dominicana.
Se trata del comprobado y admitido pago de sobornos por parte de las empresas brasileñas Embraer y Odebrecht para obtener contratos.
El caso de la fabricante de aviones Embraer es muy específico, pues se refiere al pago, ya sin supuesto, pues fue admitido por la propia empresa, de 3.5 millones de dólares a funcionarios dominicanos para facilitar la compra de aviones Super Tucano.
Ahora sale a relucir, también con confesión de los acusados, que Odebrech ha pagado sobornos en República Dominicana para obtener obras desde 2001 hasta 2014.
El abanico abierto con un período de tiempo tan específico toca tres administraciones, incluyendo la actual, lo que pone de manifiesto la capacidad corruptora de esa empresa brasileña.
La práctica no ha sido exclusiva en República Dominicana, pues abarca otros países latinoamericanos y africanos.
El Estado dominicano tiene la facultad de exigirles a Estados Unidos y a Brasil entregar todas las informaciones referentes a la República Dominicana para que así se tomen las medidas de lugar.
Nótese que no se refieren a comisiones legales pagadas a intermediarios por gestiones de negocios, sino de sobornos a funcionarios públicos que estarían cometiendo peculado, que es un delito.
