Observaciones del Ejecutivo a Ley Residuos Sólidos alertan riesgos para la competencia, el medioambiente y la autonomía municipal

Santo Domingo. Las observaciones del Poder Ejecutivo al proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobado por el Congreso, alertan que varias de las disposiciones aprobadas afectan principios constitucionales y distorsionan el marco regulatorio del sector.

En la comunicación enviada el pasado 3 de noviembre por el presidente Luis Abinader al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fundamenta sus objeciones en cuatro ejes principales: protección medioambiental, preservación de la libre competencia, rechazo a estructuras monopólicas y fortalecimiento de prácticas industriales sostenibles.

Uno de los cambios más relevantes señalados por el Ejecutivo se refiere a los criterios para la instalación de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y plantas de valorización. Abinader propone que estas infraestructuras no estén limitadas por criterios regionales rígidos, sino que puedan operar en cualquier territorio del país siempre que cumplan con las distancias mínimas y normativas ambientales correspondientes.

Autonomía municipal

El documento también advierte que varias disposiciones afectan la autonomía municipal, al restringir competencias constitucionales de los ayuntamientos en materia de uso de suelo, lo que —según indica— vulnera el modelo de descentralización previsto en la Carta Magna.

Otro punto observado por el Ejecutivo es el plazo mínimo de los contratos entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores privados autorizados. El Gobierno propone reducir el tiempo de duración y renovación de estos contratos para evitar cierres del mercado y garantizar la libre competencia, en atención a estándares nacionales e internacionales de regulación económica.

Respecto a la tarifa base de pago para los gestores, el presidente mantiene el monto establecido en la ley vigente, descartando aumentos automáticos. Sin embargo, propone permitir que el fideicomiso revise y ajuste la tarifa cada año mediante una fórmula que considere costos operativos, márgenes de rentabilidad, inflación, devaluación y transporte de residuos.

En materia de plásticos y foam, el Ejecutivo plantea acelerar la implementación de medidas como la responsabilidad extendida del productor, la reducción del uso de fundas plásticas y la puesta en marcha de programas de devolución de envases, señalando que los plazos ampliados por el Congreso retrasan obligaciones ambientales impostergables.

Próximos pasos en el Congreso

Ahora que el Senado recibió las observaciones, deberá incluirlas en la agenda de su próxima sesión y someterlas a discusión en una única lectura, conforme lo establece el artículo 102 de la Constitución. Si la Cámara Alta aprueba el proyecto con el voto de las dos terceras partes de los presentes, pasará nuevamente a la Cámara de Diputados. Si esta lo ratifica con igual mayoría, la ley quedará definitivamente aprobada y será promulgada.