El ministerio de Obras Públicas, hace poco, ofreció tres noticias de trascendental importancia para el país y los sectores económicos de la nación.
Todas tienen que ver con el presupuesto que tendrá la cartera para el año próximo, que será inferior al que tuvo este año, y que en términos reales sólo dispondrá de 20 mil millones de pesos.
Con esa cantidad de dinero la dependencia no podrá iniciar nuevas obras, terminará las obras empezadas y habrá que diferir algunos contratos de obras que debieron empezarse a finales de este año.
A ese presupuesto hay que agregar los presupuestos de otras dependencias, que igual que Obras Públicas, tienen parecidas o semejantes responsabilidades, que son la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados, Dirección General de Bienes Nacionales, Instituto Nacional de la Vivienda, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Ministerio de Educación, con la construcción de escuelas, a través de sus departamentos correspondientes; la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y otras dependencias del área que tienen bajo su responsabilidad la construcción de obras del Estado.
La idea que sacamos de este conjunto es que tenemos de manera dispersa un enorme Ministerio de Obras Públicas, que unificado dentro de un elaborado plan de reingeniería- trabajaría con un único presupuesto, con mayores desempeños y transparencia, en beneficio del país y de la propia eficacia administrativa del Estado.
El presidente Fernández confesó que el Gobierno trabaja con déficit. Llegó la hora de pensar en reducir ese déficit, pensando más en la deuda para pagar, no para seguir endeudando el país. Una reingeniería en el área de la construcción sería un primer paso para reorientar la política de ahorro del Gobierno en materia de obras públicas.
