Obras ejecutadas: Justicia sí, cheques en blanco no

Por Andrés Terrero

El debate sobre la ley de las llamadas “obras ejecutadas” ha despertado emociones comprensibles. Detrás de esta iniciativa hay ingenieros, contratistas y familias que aseguran haber trabajado para el Estado dominicano sin recibir pago durante años, incluso décadas. Negar esa realidad sería injusto y simplista.

Sin embargo, reconocer un problema no obliga a aceptar cualquier solución. El proyecto aprobado por el Congreso Nacional pretende convertir en deuda pública, mediante una ley general, reclamaciones que en muchos casos carecen de contratos formales, auditorías técnicas y respaldo presupuestario. Ese enfoque, aunque bien intencionado, choca con principios básicos del Estado de derecho, como la legalidad del gasto, el control presupuestario y, sobre todo, la separación de poderes.

Este proyecto, denominado “extraordinario”, fue aprobado por la mayoría congresual del PRM y sus aliados, sin el respaldo de las bancadas de la oposición. Surge de un anteproyecto presentado por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), acompañado de listados de cientos de personas físicas y jurídicas que reclaman pagos por supuestas obras realizadas.

Son varios los aspectos desfavorables del proyecto. Entre los principales se encuentran:

1. La violación de principios presupuestarios y fiscales, al ordenar pagos sin garantía de provisión de fondos en el Presupuesto General del Estado;
2. La incertidumbre sobre la supuesta “deuda”, ya que no se establece con claridad el monto total consolidado ni si dichas obligaciones son ciertas, líquidas y exigibles, requisitos indispensables para reconocer pasivos del Estado;
3. La falta de una verificación documental rigurosa previa, que permitiría validar adecuadamente la existencia y legitimidad de cada reclamación; y
4. Los riesgos evidentes para la sostenibilidad fiscal y la transparencia del gasto público.

Por estas razones, la decisión del presidente Luis Abinader de observar la ley no debe interpretarse como una negativa a pagar, sino como una advertencia responsable: el Estado no puede ordenar pagos sin saber con certeza qué se debe, a quién se debe y por qué monto. De igual forma, la posición asumida por los partidos de oposición —Partido Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana— al no respaldar el proyecto en las condiciones en que fue aprobado, debe verse como una postura responsable y no como politiquería ni oposición a un eventual acto de justicia social.

Aprobar una ley de este tipo abriría la puerta a abusos, desigualdades y a la validación de prácticas administrativas irregulares del pasado, especialmente anteriores a la promulgación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas No. 340-06.

Los riesgos de aprobar la ley tal como fue remitida al Poder Ejecutivo son reales: imprudencia fiscal, falta de control y verificación, debilitamiento de las reglas de contratación pública y un alto riesgo de impugnación ante el Tribunal Constitucional por violación a la Constitución. Pero, quizás el aspecto más delicado, es la afectación directa al principio de separación de poderes, ya que el Congreso no puede determinar deudas individualizadas, sustituir funciones administrativas ni convertirse en un órgano pagador del Estado. En ese punto, la observación del Poder Ejecutivo resulta plenamente justificada.

El Congreso Nacional tiene ahora la oportunidad de corregir el rumbo. La salida no debe ser el “todo o nada”, sino una solución institucional: una ley marco que establezca un proceso técnico, con auditorías independientes, verificación individual de cada obra y pagos escalonados en el mediano y largo plazo, siempre conforme al Presupuesto General del Estado y con fondos debidamente autorizados por el propio Congreso.

Es importante recordar que, conforme a la Constitución, una vez observada la ley por el Poder Ejecutivo, el Congreso dispone de dos legislaturas ordinarias para decidir si acoge o rechaza dichas observaciones. Si no se pronuncia en ese plazo, la ley entraría en vigor con las observaciones incorporadas automáticamente.

La verdadera disyuntiva no es entre pagar o no pagar, sino entre hacer justicia con reglas o repetir errores que el país dice querer dejar atrás. Resolver este tema correctamente puede tomar más tiempo, pero hacerlo mal nos costaría mucho más.

El autor fue presidente de la Cámara de Cuentas y es experto en prevención de lavado de activos y fraude.