Nuria y Euclides: la legitimidad y la eficacia

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Ahora que el Dr. Euclides Gutiérrez Félix, ministro sin cartera, quiere callar la voz de Nuria Piera, pretendiendo intimidar a los anunciantes del programa de investigación periodística que ella produce, me detengo a hacer una reflexión sobre las convicciones y prácticas democráticas de quienes aspiran a gobernar y la que practican, cuando ejercen el mando.

La democracia de los opositores es la de Duarte, Bosch, Pena Gómez, es decir, la que no solo es un método o proceso para alcanzar decisiones políticas, sino la entendida en términos de principios y resultados.

La democracia Duartiana, Boschista, Penagomista es que se concibe desde la Constitución y para que, en términos jurídico-constitucionales, esta sea democrática no es suficiente que haya emanado democráticamente; es imprescindible que también establezca un Estado Democrático de Derechos, es decir que su contenido material, sus fines y prácticas resulten democráticos.

La democracia del fundador de la República, de Bosch y Peña es la que considera los paradigmas del doble contenido de la democracia: la legitimidad y la eficacia. Así, quienes ejercen la autoridad en un momento determinado, deben creer que lo válido no es su deseo y voluntad, sino el modo o reglas aplicadas.

En pocas palabras, es necesario el principio de legitimidad legal racional (Weber), que permitió la aparición del Estado democrático y constitucional de Derecho y, como consecuencia de ello, un extraordinario desarrollo de las libertades, incluida la de expresión y difusión del pensamiento sin censura previa, y los derechos ciudadanos, y de la propia democracia.

Dicho en términos políticos, no basta la legitimidad de origen, sino que además es necesaria una legitimidad de ejercicio, que es la que ignoran, muchas veces, quienes ejercen la autoridad.

La democracia supone la congruencia entre la legitimidad y la eficacia, o expresado de otra manera, entre el método y los principios, entre los fines y los medios perseguidos por el sistema.

La libertad de comunicación es un principio fundamental reconocido en nuestra Constitución, mismo que ejerce permanentemente Gutiérrez Félix. Ser funcionario público conlleva sujetarse al escrutinio y control social.

Quien no quiera rendir cuentas que olvide la función pública y no pretenda llevarse de encuentro los derechos ciudadanos cuando legítimamente se le cuestiona.

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